Marzo 31, 2010
José Centenaro, Subsecretario de Acuacultura
Uno de los acuerdos fue hacer un nuevo estudio sobre el límite de hectáreas para la producción camaronera. ¿Qué implica ese análisis?
En el plazo de un año debemos determinar cuánto es lo que se necesita en una empresa para tener una concesión. En la época en la que se dio la Ley (1985) una persona con 50 hectáreas estaba muy bien, por el precio y la producción. Y para una compañía necesitaban cinco personas naturales se estableció el límite de 250 hectáreas. Pero hemos sufrido la Mancha Blanca, la fuerte competencia de Asia y una recesión económica mundial, todos esos factores determina que 250 hectáreas para una compañía ya no son suficientes. El Presidente de la República dijo que es válido ese punto.
Marzo 31, 2010
El sector paga casi $9 por hectárea de tierra, más 1% de retención de las ventas y el Impuesto a la Renta. Ellos insisten en la ampliación del Mandato Agropecuario para reducir la carga impositiva pues registran una baja en la producción.
“No es que no queremos formalizarnos, sino que son impuestos que el sector ganadero, con las pérdidas que registra, no está en capacidad de cubrir”. Así resume Paúl Olsen, presidente de la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos, lo que significa una nueva carga impositiva para ese sector productivo. A mediados de 2008, la Asamblea promulgó un Mandato Agrícola, en el que se exoneraba –hasta diciembre de 2009- del pago de impuestos a los agricultores y ganaderos por el alza inflacionaria generada por los altos costos de los insumos.
Marzo 30, 2010
Año I / Boletín Diario No. 001
Los municipios utilizan la expropiación de terrenos para obras con fines sociales, como por ejemplo el plan habitacional Mucho Lote.
El Código de Ordenamiento Territorial que se discute en la asamblea plantea que los gobiernos seccionales paguen el 30% de los terrenos que expropien en efectivo y el 70% con papeles hasta 25 años plazo.
Que el derecho de la propiedad se pueda ver afectado con expropiaciones, en las que a los dueños de los predios tomados por las Prefecturas, Municipios y Juntas Parroquiales se les cancele en un 70% del valor de su bien con bonos a un plazo máximo de 20 años, preocupa a asambleístas y funcionarios municipales.
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