Legislador Mauro Andino, en declaraciones a la prensa.

Mientras el Presidente Rafael Correa, anuncia que el proyecto cuya votación se dijo será el próximo martes, pero ayer se puso en duda, no es de interés para el Gobierno; en la oposición se dividen los criterios para el archivo o la abstención cuando les toque votar por el proyecto de ley.

La asambleísta Lourdes Tibán, aseguró que el atraso de la votación, que en principio se había planificado para ayer, es porque la bancada oficialista, aún no cuenta con los votos necesarios para la aprobación del proyecto de ley. Esto fue negado por Correa, hace una semana en Cuenca.

También negó acusaciones de parte de otro asambleísta, -a quien no nombró-, sobre una supuesta compra de votos con transferencias para obras. “Yo le solicito a ese asambleísta que si tiene algo de decencia y si tiene tanta información que ni yo tengo, que nos diga qué asambleísta y qué transferencia, por favor que nos digan. Eso se puede verificar, no hay cómo engañar. El asambleísta puede decir ‘no he pedido nada’, pero la transferencia sí va a estar”, dijo el Jefe de Estado.

El Mandatario, y el Presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, aseguraron que la ley se votará el próximo martes 10 de abril, y anunciaron que harán uso de la Corte Constitucional, si se pretende frenar su aprobación. “Es cierto que por omisión la Corte Constitucional puede hacer una ley; lo cual sería una vergüenza no para la Asamblea, para los asambleístas que en este caso, están aplicando su condición”, dijo Cordero.

Correa y Cordero, no dieron mayores informes sobre una reunión que sostuvieron el jueves último, con el ponente de la propuesta, Mauro Andino, pero si reiteraron que esta no es una ley fundamental para el Gobierno.

Asambleístas del bloque de PAIS, todavia esperan que el ponente haga llegar el informe para votación y consideran que sería mejor esperar para votar.

Cordero adelantó el viernes, algunos de los temas sobre los que se habría conversado con el Presidente. “Nos detuvimos un momento en el tema de la profesionalización de los periodistas y hemos convenido que no hay para qué exigir el título profesional; para opinar, sí hay que exigir el título profesional cuando se trate de actividades inherentes y permanentes“, informó Cordero Cueva.

Acotó que para la opinión y libertad de expresión, libertad personal y colectiva no se requiere de ninguna profesionalización, pero que estas precisiones podrán hacerse mediante reglamento.

El jueves pasado, mientras Andino se reunía con Correa y Cordero en Carondelet, la Asamblea realizaba el último foro de socialización de la ley, donde lo primero que se cuestionó fue la ausencia de Andino.

Legisladores oficialistas y de oposición debatieron desde el punto de vista ideológico el proyecto de ley. Las opiniones giraron en torno a la distribució de frecuencias y a la conformación del Consejo de Regulación.

Según la propuesta que se terminó en noviembre, las frecuencias serán redistribuidas en 33% para los medios públicos, 33% para los medios privados y 34% para los comunitarios. Eso fue ratificado por Correa, en el enlace ciudadano del sábado pasado.

“Nos estamos jugando el re direccionamiento del sistema de comunicación que plantea la Constitución”, opinó Paola Pabón (PAIS). Ella destacó los cambios favorables que ha tenido el proyecto desde el inicio y que se tome en cuenta a los medios comunitarios, como una voz para los que no ingresan en los planes de los medios que se miden mediante raiting.

Pero para César Montufar, esta distribución no significa necesariamente una democratización automática de la comunicación y consideró que pensar así, es una falacia. “En realidad, es todo lo contrario, porque la mayoría de ecuatorianos ni somos titulares o somos parte del Estado, ni somos parte de un colectivo que pudiera tener acceso a un medio público; si no que somos personas comunes y corrientes que tenemos el derecho a fundar un medio de comunicación y por lo tanto es no equitativo, es concentrador, que a la mayoría de ecuatorianos se nos pretenda asignar solo el 33% del espectro radioeléctrico”, puntualizó.

Lo más grave, dijo, es que se les dé privilegio a los medios públicos, adjudicándole directamente un 33% del espectro.

Lourdes Tibán advirtió además sobre otro inconveniente en esta adjudicación. “¿Dónde está el financiamiento para los medios comunitarios, la tecnología, pero sobre todo de dónde vamos a sacar el 34%, si ya no hay nada? Si Andino dice, en el anterior proyecto, que es el 34%, pero de lo que sobra y ya no sobra nada”, cuestionó.

Consejo de Regulación sigue provocando discordia

El Art. 48 de la propuesta de Andino, indica que el consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación estará conformado por un miembro designado por el Presidente de la República, otro por las Asociaciones y Gobiernos Autónomos, uno más de los Consejos Nacionales de Igualdad, uno de las facultades y escuelas de comunicación de las universidades públicas y un último proveniente de un concurso entre las organizaciones de comunicación y derechos humanos.

Según los asambleístas de oposición tres de los miembros del Consejo, provienen directamente del Ejecutivo, lo que le quitaría autonomía a la hora de determinar las sanciones administrativas que dispone la Ley.

¿Qué tenemos entonces? un sistema, un modelo de comunicación que no es democratizador, que no busca la pluralidad, la diversidad; que no es correspondiente a la idea del estado laico, sino un modelo de comunicación donde existirá un control de la comunicación social por parte del Estado y en especial del gobierno”, sostuvo Montufar, quien el martes, mocionará porque se archive el proyecto de ley.

Para Virgilio Hernández, esta constitución del órgano regulador se enmarca en los tratados internacionales y puso como ejemplo países como Francia y España, donde los delegados del Ejecutivo forman parte de él.

“Sucede que lo que está bien para otros países que tienen la cláusula democrática, para nuestro país, resulta en cambio que está mal y es perjudicial porque ahí sí es un medio que se convierte en estatal. No falsemos los conceptos”, dijo Hernández.

La Corte Constitucional como ente legislador

Mientras los votos se discuten en la Asamblea, el anuncio de que si no se aprueba, el gobierno recurrirá a la Corte Constitucional para una norma temporal, pone a pensar a los de oposición.

Jorge Escala (MPD), confirmó que los legisladores de su partido y Pachakutik, no votarán por el proyecto de Ley, pero tampoco pedirán el archivo, puesto que esto sería una omisión que de paso a la acción de la Corte Constitucional, informó el asambleísta.

“Además de la de Montufar y la de la votación del informe de Andino, vamos a presentar una tercera propuesta en la línea de exigir que la Asamblea elabore una nueva Ley de Comunicación. Es decir, en la tesis del archivo, hay un mensaje ahí de que los que están por esa tesis no quieren nueva ley. Nosotros sí queremos nueva ley”, informó Escala.

Pero esta tercera propuesta no es viable, advirtió Enrique Herrería (ExMadera de Guerrero), por ello apoya la tesis del archivo. “Se vota por el archivo o se vota a favor de la ley. No hay votos ni para lo uno, ni para lo otro. Si aquello ocurre, la ley, quedaría situada en lo que Fernando Cordero le llama el limbo, rondando. Y eso daría lugar a que los asambleístas de Alianza PAIS, o el propio Presidente de la República, inconstitucionalmente, concurra ante la Corte Constitucional a decir hay una omisión normativa y por lo tanto ustedes expidan la norma”,

En lo que todos coinciden es en la necesidad de una ley. Habrá que esperar hasta el próximo martes para saber si la norma pasa al Ejecutivo para su veto, o a la Corte Constitucional para su elaboración temporal.