Reglamento de Ley de Economía Popular y Solidaria, deja dudas para el sector

Las cooperativas piden que se revise el reglamento de la LEPS.

Los representantes de las cooperativas de Ahorro y Crédito, están preocupados por la promulgación del Reglamento de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario (LEPS). Según ellos, en el texto de la norma no se despejaron las dudas que tenían para la aplicación de la Ley, y al contrario, se crearon otras.

Para representantes de la Cooperativa 29 de Octubre, lo que preocupa es que no se establezcan funciones definidas en los órganos rectores y de regulación. Se refiere al Comité Interinstitucional de la Economía Popular y Solidaria que se crea con la ley, y que estará integrado por los representantes de ministerios coordinadores de Desarrollo Social, que lo presidirá; de la Producción; y, de la Política Económica, según dispone el Art. 138 del Reglamento.

Aquí se le atribuye al Ministerio Coordinador de Desarrollo Social la elaboración, coordinación y concertación de propuestas de políticas públicas para la economía popular y además, evaluar el cumplimiento e informar al Comité su aprobación.

Qué impacto tendrá este Comité dentro de las cooperativas en la escala 3 y 4, es lo que les inquieta, dice Marlon Ríos, Subgerente Comercial de la Cooperativa 29 de Octubre. Puesto que estas políticas serán decididas por el Comité y no están especificadas en el Reglamento. La ley, que rige desde mayo del 2011, creó 4 escalas para categorizar a las cooperativas de acuerdo al monto que manejan y al número de socio. La cooperativa 29 de octubre está en la escala 3.

Además del Comité, quienes vigilarán al sector son la Junta de Regulación y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria; así como un Consejo Consultivo, formado por nueve representantes de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD’s), quienes serán electos por el Consejo Nacional Electoral.

El Art. 142 del reglamento, así lo dispone e indica que esto lo establece en cumplimiento del artículo 25 del Código de la Democracia. “Consideramos que eso va a ser muy político (la integración del comité), va a entrar el tema básicamente en una democracia sí, pero va a participar mucho la parte política”, cuestiona Ríos.

A pesar de que reconoce que los reglamentos deben ser generales, Ríos considera que sí había la necesidad de puntualizar ciertos temas. Como ejemplo, menciona que no está claro si la Corporación Financiera Nacional, con quien ellos trabajaránn, podrá seguir solventando ciertos préstamos que ellos hacen.

El Art. 131 del Reglamento, como incentivo a la economía popular y solidaria dispone que sean el Banco Nacional de Fomento y la Corporación Financiera Nacional quienes presupuestarán anualmente, recursos financieros que serán destinados a préstamos en condiciones preferenciales para los organismos amparados en la LEPS.

Pero a Ríos le queda la duda de si ellos, podrán seguir contando con el financiamiento que les ofrece la CFN. “Tenemos como $ 14 millones con la Corporación Financiera Nacional. ¿Eso se va a pasar a la nueva Corporación de Finanzas Populares o seguimos trabajando con la CFN? Tampoco está claro eso”, asevera.

Y este gerente no es el único que tiene dudas sobre el Reglamento. Jaime Dueñas, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Fecoac), afirma que hasta ahora la Ley es inaplicable para ellos, pues el reglamento, deja muchas atribuciones a la Junta de Regulación, que aún no está conformada.

La Junta, únicamente por una propuesta de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, está encargada de elaborar y modificar la segmentación de las cooperativas de ahorro y crédito según el texto, en el artículo 96. “En el momento que no está claro, uno no sabe qué es lo que va a pasar después cuando se reúna la junta”, indica Dueñas.

Con él concuerda Rodrigo Aucay, presidente de la Red Nacional de Finanzas Populares y Solidarias del Ecuador (Renafipse). “Ese solo hecho (que no conste la segmentación), pone en riesgo todo el tema de la prudencia financiera que se debe manejar, porque ya no está en norma si no (…) que va a quedar a meced de los funcionarios de turno o de las autoridades de turno, criterios para regular uno de los sectores más importantes”, sostiene.

Lo que ellos piden es que se defina la división para saber con qué grupos se va a trabajar y qué servicios se les dará. “La segmentación de las cooperativas marca la diferencia entre las de 300, 500, 1.000, 5.000, 10.000 socios”, sin esto, Dueñas asegura que no es posible, ni siquiera cambiar los estatutos como establece la LEPS en su Transitoria Primera.

Para intentar llegar a acuerdos sobre la Junta de Regulación y sus funciones, han tenido reuniones con representantes del Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social y de Inclusión Económica y Social. La esperanza de Aucay, es poder reformar el reglamento que, afirma, frena el crecimiento del sector que el año pasado estuvo en un 30%.

Ayer, las cooperativas de ahorro y crédito tuvieron una asamblea en Cuenca. Ahí decidieron que insistirán en buscar espacios para dialogar con el Presidente Rafael Correa para que los escuche y corregir el texto.

“Si él tiene suficiente tiempo para reunirse con dos importantes jugadores de dos equipos del país y los nacionaliza y se reúne; que no se reúna con los actores de las finanzas populares, que representamos a mas de tres millones y medio de ecuatorianos, quiere decir que, o le dijeron al Presidente que todo estaba bien, o es que realmente ahí nos frenaron algo”, piensa Aucay, al tiempo que asegura que su protesta no significa oposición al régimen.

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