
La pesca de arrastre desaparecerá en septiembre, según anunció Correa.
La falta de seguridad, la inexistencia de un programa de manejo de desechos domésticos y el último aviso del Presidente Rafael Correa respecto a la pesca de arrastre, son algunos de los obstáculos que sortea el sector pesquero ecuatoriano.
El pasado 14 de enero, el Primer Mandatario, anunció que en septiembre próximo se acabará la pesca de arrastre en el país y basó su decisión en la defensa de los pescadores artesanales y del ecosistema, que según dijo se ven afectados por las tareas de los barcos que se dedican en su mayoría a la captura de pomada y langostino.
Fernando Nuñez, de la Asociación de Armadores Pesqueros Pomaderos Primero de Mayo, aseguró que las condiciones actuales para su sector “son catastróficas, porque ya crédito no tenemos, importaciones de mallas, tampoco; cables tampoco, no tenemos crédito en combustible, en las ferreterías. Es catastrófico lo que nos está pasando”, afirmó.
Correa, dijo que en el 2010 se había ordenado a la flota de arrastre ampliar los ojos de las mallas de pesca para evitar que se introduzcan peces en proceso de desarrollo, pero que esta disposición había sido ignorada por los dueños de las embarcaciones, por lo tanto dio el ultimátum.
“Eso significa que si perjudica a 17 familias, a las que se les advirtió que cambien de actividad hace tres años, se va a beneficiar a más de 20.000 familias de pescadores artesanales”, aseveró Correa.
El representante de los armadores, consideró que el Jefe de Estado, está mal informado políticamente, y que no son solo estas 17 familias las afectadas. “Un estudio pagado por el mismo gobierno, está hablando de 55 mil personas que trabajan en este sector. No es que el estudio lo pagamos nosotros, lo hizo el gobierno”, enfatizó.
Según información publicada en la página web de la Subsecretaria de Recursos Pesqueros, hay 159 embarcaciones autorizadas para la pesca de arrastre. Nuñez, informó que el 50% de la población de Posorja, vive de la pesca de arrastre, por eso han pedido en reiteradas ocasiones una reunión con el Presidente de la República para enterarlo y que se les dé una solución.
Franklin Ormaza, ex director de Pesca e investigador oceanográfico, opinó que la decisión gubernamental de eliminar la pesca de arrastre, tiene un sustento político más que técnico, pues no hay estudios que demuestren que esta actividad ha eliminado las especies pesqueras. “Son 60 mil los pescadores artesanales, son 60 mil votos. Mientras que la flota rastrera, son 4 mil votos”, puntualizó.
Pero no todos concuerdan, a pesar de la existencia de un ordenamiento pesquero que fue firmado, según Núñez por todos los involucrados en la pesca, la Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras del Ecuador (Fenacopec), representada por su presidente, Gabriela Cruz, recordó que en julio del 2009, Correa adelantó que los arrastreros debían salir del mar.
“Yo no sé por qué hacen tanto escándalo, porque la autoridad pesquera tendría que haber hecho ya alternativas, un estudio, que la gente que se quiera quedar en el mar, se puede quedar en el mar y pueda hacer otra actividad pesquera”, dijo Cruz.
Cruz indicó que han luchado desde hace más de 10 años porque se elimine la pesca de arrastre camaronera, ya que según ella, están pescando en áreas que son deberían ser destinadas a los artesanales y por ende, disminuye su pesca.
Aunque reconoció que el 70% de los chinchorreros costeros ha cambiado su malla, aseguró que los grandes empresarios no han sido tocados por la autoridad marítima y es ahí donde se debe de actuar para evitar que el recurso del mar se desgaste.
Para el especialista, la capacidad de pesca en Ecuador está sobredimensionada, en todo tipo de embarcaciones y esto hace necesaria la implementación de un manejo pesquero que despolitice el tema. “En este gobierno es casi imposible, porque es políticamente sensible el tema de la pesca artesanal. No se va a tocar el tema. Para mi el gobierno esta cediendo a la presión de la pesca artesanal al eliminar la flota arrastrera. Este es un trabajo a largo plazo”, añadió.
Otras resoluciones también crean conflicto
En diciembre pasado se firmó el Acuerdo Ministerial 405, que prohíbe la construcción, ampliación e importación de nuevas embarcaciones artesanales e industriales, destinadas a la extracción de los recursos pesqueros.
Esto generó malestar en la flota pesquera artesanal, pues según Cruz, no les permite su derecho a crecer y aspirar a una mejor calidad de vida, por lo que el pasado 4 de enero mantuvieron una reunión con Iván Prieto, subsecretario de Recursos Pesqueros, y se decidió suspender la resolución únicamente para el sector artesanal.
Mientras tanto, se elabora un nuevo borrador del Acuerdo que los pescadores empezaran a socializar el 1 de febrero próximo, adelantó Cruz.
Para Ormaza, es necesario que se ponga un alto a la producción de embarcaciones, pues el recurso marítimo no abastece para las actuales y futuras. “Toda la flota pesquera debe ser ya detenida en su crecimiento. Artesanal, arrastrera, palangrero, chinchoirrera, todas”, porque todas causan un impacto al ecosistema aseguró.
Pero una de las cosas que podría poner las cosas claras, sería la emisión de una norma que actualice a la Ley de Pesca y Acuacultura, creada en 1974, indicó Cruz. Para ello, ha propuesto que se contrate una consultoría especial que se encargue de elaborar este proyecto y que se socialice con todos sectores vinculados al tema pesquero.
Esta y otras propuestas, tenia previsto analizar ayer Cruz en una reunión con el Ministro Coordinador de Seguridad, Homero Arellano ayer en la tarde. “Nos preocupa porque ya se creo el comité, mas la Secretaria Técnica del Mar; una reforma del Viceministerio de Pesca y Acuacultura; ahora se nos está diciendo que el Ministerio de Ambiente, quiere hacer una ley costera, entonces todo eso es un caos”, enfatizó.
Por lo que consideran necesario establecer una institucionalidad con la creación del un Ministerio de Pesca y Acuacultura que se encargue y administre todos los temas que se relacionen con el mar.
Proyecto de Puertos destaca
El proyecto de puertos que ha implementado el gobierno es de destacar, aseguró Ormaza. Es una idea que viene desde 1990, pero que esta administración ha logrado construir, lo que beneficiará sobre todo a los artesanales, agregó.
Y aunque para la presidente de la Fenacopec, es un paso positivo, tiene ciertas objeciones sobre el modelo de gestión que se utilizará en ellos. “Lo que quieren hacer es que los muelles pesqueros sean administrados por la empresa pública y no por los pescadores artesanales. No puede ser que todavía se considere que el pescador solo sirve para pescar”, refutó por lo que concluyó proponiendo que sean los mismos artesanales quienes se encarguen de la administración.
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