El pasado miércoles, los gremios de trabajadores públicos marcharon en Guayaquil.

La reforma al reglamento de la Ley de Servicio Público, emitida mediante decreto ejecutivo preocupa a los trabajadores públicos, pues consideran que atenta contra sus garantías laborales. Para los juristas, la compra obligatoria de renuncias no tiene cabida legal, mientras que los gremios de servidores públicos a más de interponer una demanda Constitucional, anuncian movilizaciones.

El decreto 813 es inconstitucional. Así, califican juristas y trabajadores públicos al documento que rige desde el 7 de julio pasado como una reforma al reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), pero a su criterio lo que hace es violar la Constitución porque lo que reforma es la ley, y un reglamento no puede cambiar una norma orgánica; además, contradice las garantías laborales.

Tanto la Ley de Servicio Público, como su reglamento general son relativamente nuevos. La una rige desde octubre de 2010, cuando fue aprobada en la Asamblea; y el otro, desde abril de este año. Pero el decreto, nace por la “imperiosa necesidad de introducir reformas inmediatas al Reglamento General, según el decreto Ejecutivo, “con la finalidad de ajustar los preceptos legales que tal norma prevé”.

La polémica surge, porque en este documento se incluye un artículo innumerado que establece la obligatoriedad de la compra de renuncias con indemnizaciones: “Las instituciones del Estado podrán establecer planes de compras de renuncias obligatorias con indemnización conforme a lo determinado en la letra K del artículo 47 de la Losep, debidamente presupuestados”.

Todo esto, “en virtud de procesos de reestructuración, optimización o racionalización”, de las instituciones. Se precisa además que los servidores públicos deben cumplir obligatoriamente con esos procesos aplicados por la administración.

La Losep estipula en su artículo 47, literal k, que una de las causas para cesar en funciones, o sacar de su cargo a un servidor público es la compra de renuncias con indemnización, pero no dice nada de obligatoriedad; y es con esta palabra que se pretende reformar, mediante reglamento, una ley Orgánica, dicen los abogados.

Según el ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa, el decreto es totalmente legítimo y constitucional pues es potestad de la administración pública la compra de las renuncias, de acuerdo al artículo 147, numeral 13 de la Carta Magna, que dice que es atribución del Presidente de la República, expedir los reglamentos necesarios para la aplicación de las leyes.

Pero a criterio de los abogados, el Ejecutivo y el ministro no han tomado en cuenta la segunda parte de ese mismo numeral, que especifica que esta atribución no puede contravenir ni alterar las leyes. “El decreto no puede cambiar o subsanar una ley orgánica, está violando la ley y la Constitución”, afirma el constitucionalista Hugo Landívar..

Con él concuerda Miguel Puente, especialista en derecho laboral, quien indica que esta regulación, excede el contenido de la Ley. “Al establecerse a través del decreto una figura de la compra de renuncias obligatoria, estaría básicamente vulnerándose el derecho a la estabilidad de los trabajadores”.

Por esto, los trabajadores agremiados, introdujeron una demanda ante la Corte Constitucional el 7 de agosto pasado. Con ella, esperan detener el proceso de compra de renuncias obligatorias, pues si su denuncia es acogida se pueden dictar medidas cautelares que detendrán el proceso de compra.

Para los trabajadores esta compra obligatoria, no es más que una forma de disfrazar un despido intempestivo.“Eso es un despido, hay que ser claros. Ninguna renuncia puede ser obligada por nadie, la renuncia como su concepto mismo lo dice es un acto voluntario”, señala Remigio Hurtado, vicepresidente de la Confederación Nacional de Servidores Públicos del Ecuador (Conasep).

El Ministro Espinosa asegura en cambio, que no son despidos, sino una desvinculación laboral que busca un cambio generacional. “El objetivo de esto no es desvincular a los buenos servidores públicos que tienen que sentirse absolutamente tranquilos, si no a esos servidores que los conoce la ciudadanía, yo los conozco y los mismos buenos servidores públicos conocen, a esos compañeros de trabajo que obstaculizan los trabajos, que están metidos en asuntos medio oscuros y es ellos a quienes van direccionado todo este tema”, dijo el 4 de agosto, en Ecuavisa.

Juristas como Lenin Hurtado, considera que las afirmaciones del ministro abonan a fortalecer la figura de despido intempestivo, figura que debe ser utilizada para referirse a la compra de renuncias. Más, cuando la Ley prevé otras herramientas, como el sumario administrativo, para despedir a los malos elementos de las instituciones públicas.

Para los servidores públicos, las declaraciones del Ministro no son una garantía de estabilidad laboral. Ellos consideran que estas acciones se dan como una estrategia política y no para hacer más eficiente el Estado. “La intensión es meter gente de Alianza PAIS para garantizarse una base electoral que se ha venido a menos, producto de la decepción de las bases del movimiento por los incumplimientos de oferta de campaña y las malas acciones de gobierno”, dice Fernando Ibarra, presidente de la Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas.

Esto es negado por Espinosa, quien justifica la obligatoriedad de las renuncias en la presencia de ‘argollas’ en el sector público “donde uno se protege al otro, esto impide que la norma (Losep), se aplique como debería de ser, al 100 por ciento efectiva, por esto esa modalidad de la compra de renuncias obligatoria”, indica.

Además asegura que quienes salgan de las instituciones públicas, serán debidamente indemnizados. “Esto no es una renuncia, es una compra y con indemnización; y no cualquier indemnización, el tope de esto llega a los $ 40 mil, es decir, no es cualquier cosa”, dice Espinosa.

Pero esa postura molesta a los trabajadores, quienes afirman que su lucha es por la dignidad y no por el dinero. “No somos una mercancía que nos quieren dar $ 10 mil, $ 20 mil, $ 30 mil. Nosotros somos seres humanos que queremos el trabajo y la dignidad de toda nuestra familia”, indica Hurtado.

Sin embargo, hay quienes sí confían en que la intención del gobierno es la reestructuración y el cambio generacional del Estado y que este cambio se hará respetando sus derechos laborales. “Aquellos que están haciendo el juego a la derecha están satanizando (la compra de renuncias). (Dicen) que es una violación a los derechos humanos, no es así”, asegura Santiago Yagual, presidente de la Confederación de Trabajadores del Ecuador.

Todos están a la espera de la resolución de la Corte Constitucional y de una reunión con el Ministro, para tratar de llegar a acuerdos que les permitan continuar laborando con tranquilidad. Por lo pronto, se han realizado marchas para protestar, por lo que llaman una política neoliberal del gobierno, al pretender despedir a cientos de servidores públicos.

El pasado miércoles, representantes de varias organizaciones se reunieron en los bajos de la Subsecretaria de Relaciones Laborales de Guayas y exigieron que se respeten sus derechos. “Eso no es un avance en materia laboral, eso es un retroceso al neoliberalismo, al despido de miles de trabajadores que no vamos a permitir”, advierte Bolívar Merchán, presidente Federación Democrática de Trabajadores de la provincia.

Merchán anunció que el 19 de agosto, se reunirán varias centrales sindicales en la ciudad de Cuenca para coordinar un calendario de movilizaciones y toma de instituciones, como medidas de rechazo al decreto 813.(MFV)