La semana pasada se registraron protestas por los despidos en el CNT de Guayaquil.

Evaluaciones y calificación de desempeño fueron las dos variables que se utilizaron para la desvinculación de personal en el sector público, durante las dos últimas semanas. Tanto en el Ministerio de Finanzas como en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) se realizó una reestructuración laboral con miras a mejorar la eficiencia y reducir el tamaño de esas entidades.

Este proceso se hizo de acuerdo a las disposiciones del Código de Planificación de las Finanzas Públicas, según el Ministerio de Finanzas, pues en esa norma se incluye disposiciones para hacer una evaluación tanto de la gestión fiscal como de los recursos del Estado; así como del presupuesto de todas las entidades públicas; del cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo.

Para el exministro de Finanzas, Fausto Ortíz, la desvinculación de servidores públicos también tiene que ver con las señales de cambio que hay en el manejo de la economía del país, pues va en el camino de reducir los gastos corrientes del Estado en el siguiente año. “Aunque sea más pago de capital por la indemnización (que se debe desembolsar a las personas que salgan del sector público), esto se puede manejar como si fuera un proyecto de inversión en donde se endeuda para pagar la liquidación pero se reduce el gasto corriente a futuro”, indica.

En el 2010, el gasto corriente fue de $ 16.736 millones, de ese rubro $ 6.786 millones se utilizaron para el pago de remuneraciones de los trabajadores del sector público. Para este 2011, el rubro de salarios se redujo en un aproximado de $ 200 ($ 6.523 millones), dentro de la proforma del presupuesto General del Estado.

Según la Confederación Nacional de Servidores Públicos, en total salieron 560 personas de sus cargos, tanto en el ministerio como en la CNT. En el primer caso se realizó una evaluación de conocimientos, explica Remigio Hurtado, presidente del gremio.

Aunque reconoce el exceso de personal dentro del sector público, indica que muchas de las pruebas no estuvieron de acuerdo al cargo que desempeñaba cada trabajador. “Por ejemplo, personas que trabajaban en el área de presupuestos les preguntaron sobre la Curva de Keines y el concepto de la oferta y la demanda. Y en el área de informática la mayoría de preguntas fueron en inglés y eso dificultó la respuesta”.

En este Ministerio se registraban 830, pero antes de la evaluación, que inició en abril, se dio la posibilidad de pedir el cambio a municipios y concejos provinciales. 250 trabajadores pasaron a cubrir necesidades en otras instituciones y 480 aceptaron ser evaluados. De ellos, 220 fueron desvinculados por no pasar las pruebas.

Mientras que en la CNT se realizó una evaluación sobre resultados y metas. Así, dice Hurtado, se establecieron un cierto número de tareas mensuales que debían cumplirse. “Por ejemplo se decía tienes una meta de 100 tareas pero solo cumplías 10 o 20, entonces esas personas no eran calificadas”. En Guayas y Manabí empezó el proceso de desvinculación, 340 servidores públicos fueron separados de la entidad. “Aunque sé que volvieron muchos porque se quedaban sin técnicos en algunas áreas”, indica el dirigente.

Pero no serían las únicas instituciones, pues se conoció que en el Ministerio de Vivienda se iniciará con las evaluaciones. “Lo malo es que no se dice sobre que parámetros se van a tomar, es difícil porque no se sabe sobre que competencias van a tomar, pero toman cosas que no están relacionadas con el cargo que desempeñan”.

Mientras que en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ganadería (Magap), se inició con una actualización de datos del personal más antiguo. La semana pasada algunos de los colaboradores recibieron un formulario en el que debían detallar a más de los datos personales y tipo de sangre, el tiempo que llevan laborando en la función pública y en qué instituciones han prestado sus servicios. Las evaluaciones llegarán en los próximos días, aseguraron trabajadores de esta institución.

De momento, explica el dirigente, las indemnizaciones se están pagando en efectivo, aún no se utiliza el mecanismo de bonos del Estado, tal como establece el Código de Planificación y Finanzas. El tope de la liquidación es de $39.600. “En la cartera de Educación, hasta el 31 de julio recibieron su indemnización quienes tenían hasta 70 años y ya se jubilaron. Y a finales de este mes a los que tenían entre 60 y 70 años recibirán su jubilación también”.