Estabilidad laboral, la principal preocupación de los servidores judiciales

Este letrero se colocó en los pasillos de la Corte de Guayaquil.

Un sistema de evaluación y de selección de nuevos jueces es quizá el eje más polémico de la anunciada reestructuración de la justicia. Los servidores judiciales consideran que sin un criterio técnico lo que existirá es un despido masivo; mientras que, desde el Gobierno –quien impulsa el proceso-, se garantiza estabilidad laboral para el sector judicial.

La semana pasada, el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, pidió a los jueces que no se asusten por el proceso de reestructuración que se planteó. “Todo juez bueno se va a quedar. La ley obliga a dar estabilidad a los jueces, la ley garantiza la estabilidad judicial, por tanto no va haber un cambio total de las cortes, ni los jueces se van a ir y van a entrar los de Alianza País, eso no va a pasar”.

Y sus declaraciones, que hizo en una entrevista a Ecuavisa, fueron porque durante sus visitas a las cortes percibió un ambiente de tensión. “Va haber una evaluación de los jueces en función de parámetros concretos, los que estén mal evaluados se irán y se contratarán nuevos jueces y va haber más abogados que trabajan en las cortes… vamos a contratar una cantidad de jueces adicionales porque la justicia está mal servida”.

Para ese proceso el Gobierno trabaja noviembre con el Centro de Estudios de Derecho Penal de la Universidad de Talca, de Chile, quien ganó un concurso para realizar esa consultoría. El plazo para ejecutar la auditoría era de seis meses sin embargo tomará hasta julio.

El propio director del Centro, Raúl Carnevali, desestimó que la consultoría pueda ser utilizada como un instrumento para remover jueces. “Nuestro estudio es fundamentalmente técnico. Lo que haremos es detectar cuáles son los nudos críticos, los aspectos que deben ser mejorados o fortalecidos, y cuáles son las mejoras que se deben hacer desde el punto de vista legislativo, de manera tal que este instrumento no puede utilizarse con otros fines”, sostuvo en un reporte publicado por la página web de la Universidad.

“Pero realmente ahora eso no va a ocurrir, yo creo que simplemente es un despido masivo el que va a haber”, sentenció la presidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, María Leonor Jiménez. Esto, porque considera que pese a los anuncios no se cumplirá con una evaluación técnica a la función judicial y duda de los criterios que se utilicen.

El proceso de evaluación tuvo tropiezos por la pugna política entre el propio Consejo y el Ministerio, la Judicatura cerró sus puertas a los investigadores, quienes están recogiendo la información a través de las fiscalías. Esto, debido a las continuas críticas entre el ministro José Serrano y el presidente del CJ, Benjamín Cevallos, quien en febrero pasado aceptó colaborar con el estudio, pero luego prohibió la entrega de información.

Esto incluso valió el envío de cartas entre ambos funcionarios. En marzo Cevallos señaló que la falta de competencias del Ministerio para hacer las evaluaciones y calificó el proceso como una intromisión del Ejecutivo en la Función Judicial. A eso Serrano respondió que la misiva era “infundada e insostenible” y que no existía ninguna intromisión entre los poderes del Estado. Cevallos, al igual que los otros miembros del CJ enfrentan un juicio político en la Asamblea Nacional y es el mismo Serrano quien sirvió de testigo de la parte acusatoria.

Carnevali explicó que la negativa de la Judicatura tuvo consecuencias en el plazo de entrega del informe final, inicialmente programado para junio. “Hubo atrasos no imputables a nosotros y las autoridades ecuatorianas están conscientes de ello. No obstante, eso significará finalizar el trabajo con un retraso de entre seis a ocho semanas”.

La presidenta de la Corte, quien también presidenta de la Asociación de Mujeres Jueces del Ecuador, señaló que cada año el Consejo de la Judicatura realiza un proceso de evaluación, basado en la cantidad de las providencias despachadas y en la calidad de las resoluciones. En la última evaluación ella obtuvo 98,7 puntos sobre 100.

Pero añadió que esa misma facultad que tiene el Consejo de la Judicatura se convirtió en una ‘arma terrible’, pues muchas de las quejas que se presentan contra los jueces se tramitan muchas veces sin una investigación a fondo. “Nosotros hemos vivido la experiencia de que si alguna resolución no les ha gustado, al día siguiente te citan con una queja. Si en este momento te dicen, Leonor Jiménez tiene 20 quejas, es porque aceptan cualquier queja así sea la más absurda y demencial”.

Los criterios de evaluación que plantea el Régimen son más cualitativos que cuantitativos. El mismo Alexis Mera señaló que los jueces serán calificados por la confirmación de sentencias. “Es decir, si un juez ha dictado 40 órdenes de captura y se las revocaron después de dos años, ese juez tiene que irse. Pero si un juez dictó ordenes de captura y fueron confirmadas luego de las instancias correspondientes, ese juez debe quedarse”.

Actualmente, por medio de una estadística trimestral que presentan las secretarias de los juzgados, el Consejo de la Judicatura emite un informe sobre el rendimiento de los servidores judiciales, y en base a ellos toma decisiones respecto a políticas como el aumento de judicaturas, aumento de personal, entre otros, explicó el director provincial del Guayas del Consejo de la Judicatura, Fernando Yávar.

Sin embargo, reconoció que la evaluación es más de cantidad que de calidad, pues las decisiones jurisdiccionales, sobre el fondo de los casos -que es donde más quejas se presentan- no puede conocerlas el Consejo ya que está expresamente prohibido por el artículo 115 del Código Orgánico de la Función Judicial.

“Bajo una especie de protección del principio de independencia, establece que las partes podrán apelar, es decir, acudir a los superiores de los jueces, si es que se considera perjudicada por un fallo. En este sentido, se ha limitado exclusivamente a los entes jurisdiccionales los conocimientos de las inconformidades de algunas de las partes, sobre cuestiones de fondo, para que sea el superior el que las conozca y los resuelva”.

La calificación de los jueces no debe ser exclusivamente por los números de las causas resueltas, indicó Oswaldo Sierra, presidente de la Cámara Nacional de Jueces. “Como juez pude haber despachado mil resoluciones, mil sentencias, pero ninguna de esas tiene un aporte jurídico y por el contrario todas han sido revocadas. Pero si otro juez despachó 100 sentencias en un año y todas han sido ratificadas, por supuesto que debe tener una mejor evaluación”.

Sierra dice que con el sistema acusatorio oral que se aplica actualmente, todas las decisiones que afecten los derechos de los ciudadanos deben tomárselas en audiencia. Así, el fiscal y los abogados defensores o acusadores exponen el caso y en ese momento, el juez –quien recién conoce el caso- dicta la resolución.

“No puede valorarse una resolución de un juez que ha tenido hasta 30 días para redactar una sentencia y hace investigación en internet o de otras fuentes -detrás de su escritorio- de la misma manera que uno que toma una resolución de manera inmediata tras una audiencia oral”, agregó.

Por eso considera que se requiere de un reglamento que norme la evaluación de los funcionarios judiciales, de modo que los resultados no se manejen de forma política como hasta ahora ha pasado.

“Se ha hecho populismo penal, todo es político, todo lo denigran y lo satanizan. Se tiene que hacer una evaluación técnica no política, de ser así los resultados no van a ser fieles y no va a cambiar lo que queremos que cambie que es la administración de justicia”.

En eso coincidió Jiménez quien consideró que se está criminalizando a los jueces, sobre todo de Guayas, quienes fueron cuestionados por el número de caducidades de la prisión preventiva (1.346 casos según un informe del Ministerio de Justicia).

“Sobre todo diciendo que el delito crece aquí porque los jueces los sueltan, entonces que explicación dan de los tremendos delitos que están en este momento en Manta por la violencia terrible, que explicación dan de Huaquillas o de Cuenca donde se dice que no ha habido ninguna caducidad de prisión preventiva. Eso es un engaño, una mentira, decir que el delito crece, cómo pueden acusar de algo que ellos mismos propiciaron, si toda la política del Gobierno ha sido de libertad”, agregó.

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