La reunión entre los presidentes Obama y Santos trastocó aún más el escenario comercial para los empresarios ecuatorianos. Aunque aún falta la ratificación en el Congreso, ese acuerdo podría dejar sin preferencias arancelarias a Ecuador, además de restarle competitividad. Esto, mientras EE.UU pidió al embajador ecuatoriano que abandone su país y las autoridades de Gobierno dijeron que las consecuencias de no tener un Atpdea serían mínimas para el Ecuador.
Dos visiones diferentes se presentaron ayer en el país respecto a las consecuencias para las relaciones comerciales del impasse diplomático entre Ecuador y Estados Unidos. Mientras las autoridades de Gobierno llamaban a la calma y minimizaban el impacto de la no renovación de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (Atpdea), los afectados ‘prendían velitas’ a la espera de una última oportunidad.
“Hay que mantener la calma”, dijo ayer la ministra Coordinadora de la Producción, Natalie Cely en su cuenta de twitter. Luego de anunciar una reunión para hoy entre esa Cartera de Estado y el sector exportador, indicó que habrá un plan B para afrontar los efectos de que no se extiendan estos beneficios al país.
“A mi me compete plantear soluciones alternativas en las que ya veníamos trabajando, no estoy diciendo que no sería un problema y que no sea importante una no renovación, solo que tengamos claro de qué hablamos”, escribió la funcionaria en esta red social.
Desde el Ministerio Coordinador de la Política Económica, en cambio, se minimizaron las consecuencias de la no renovación de las preferencias, pues la ministra Katiuska King mencionó que el total de los aranceles anuales que tendría que pagar el país en exportaciones petroleras y no petroleras, sería de $25,5 millones.
Según King, y basada en un estudio, el año pasado Ecuador usó solo 400 partidas, de las 6.300 que benefician del Atpdea, es decir, menos del 7%. En 2010, las exportaciones sumaron $5.685 millones, de los cuales el 94% fueron de petróleo. “En esto el país tendrá que pagar un arancel y felizmente nos vemos beneficiados por los precios del petróleo y no tenemos problemas”, indicó.
En cambio, para las exportaciones no petroleras, que representan $355 millones, el arancel que deberán pagar se calcula en $21,6 millones. Y mencionó que son apenas 38 las empresas afectadas con la no vigencia de ese beneficio.
King mencionó ayer, en rueda de prensa, algunas de las salidas para cubrir ese valor y que no asumirá el Gobierno. Una de ellas sería que los exportadores asuman el costo de los aranceles y reduzcan su rentabilidad; y otra, aumentar el precio de los productos al momento de exportarlos, aunque reconoció que puede existir una reducción de la demanda.
Otra alternativa es que las empresas afectadas tengan una reducción de sus utilidades del 7%. “Estas empresas tienen un alto poder de diversificación de su mercado, con lo que podrían colocar sus productos en otros mercados y disminuir su vulnerabilidad en términos futuros”.
Pero la situación no es tan fácil para el sector exportador, señaló Bernardo Malo, presidente de la Fundación Mango Ecuador. “El impacto no solo se mide en cifras sino en la realidad del sector”, dijo.
Con la expiración del Atpdea, los exportadores de mango deben pagar $0,06 por cada kilo de fruta, es decir, $0,25 en cada caja que se vende a Estados Unidos. Al año, se entregan en ese mercado 100 millones de cajas.
“Esto nos pone en una posición complicada para competir con Brasil y Perú. Aunque los funcionarios digan que está separada la parte comercial de la política, en la práctica no es así. Es la primera vez que se llega a una reacción así y estamos muy preocupados. Es difícil pronosticar qué va a suceder pero con costos mayores definitivamente va a existir una reducción de las exportaciones y el país va a perder en cuanto a la generación de ingresos y fuentes de trabajo”.
La cosecha de la fruta empieza en octubre próximo, pero desde ya se están preparando para los cambios que tendrán en la comercialización de la fruta. Malo sostuvo que será difícil que los importadores estadounidenses subvencionen los aranceles. Esto porque el mango -al igual que las flores- se negocia a consignación, es decir, no hay un precio fijado sino que la oferta y demanda determina el valor de venta. “Automáticamente se producirá un decrecimiento de exportaciones”, advirtió el exportador.
Tampoco es viable que los exportadores asuman ese valor adicional. “El efecto negativo a corto plazo será para las empresas agroexportadoras, muchas de las cuales no podrán soportar afectando a la mano de obra que depende de esta actividad y a las empresas proveedoras como las fábricas de cartón o las navieras”, agregó. En la industria del mango trabajan unas 10.000 personas en cada temporada.
El sector borcolero es más pesimista aún. “Mientras todo esto sucede, tengo más velas prendidas y rezo más. Sigo exportando pero también llorando a los importadores para que no me dejen”, dijo ayer el exportador de brócoli, Alfredo Zeller, frente a la noticia de que el embajador de Ecuador en Estados Unidos, Luis Gallegos, fue declarado como ‘Persona Non Grata’ por el gobierno norteamericano, como respuesta a la declaratoria similar que Ecuador hizo a la exembajadora Heather Hodges.
La noticia fue pésima según el empresario, pues el Embajador fue el principal ‘lobbista’ ante el Senado estadounidense para pedir por la renovación de las preferencias arancelarias. Para Zeller, el diplomático conoce sobre las relaciones con ese país no solo desde el punto de vista diplomático, sino también económico, pues permaneció casi seis años en ese cargo (desde octubre del 2005).
“Él conoce personalmente a la gran mayoría de senadores y congresistas que están ahí. Y cuando se nombraba a Luis Gallegos se abrían puertas, la salida de él es penosa y preocupante para la renovación del Atpdea”, sostuvo.
Luz verde para el TLC entre Colombia y Estados Unidos
Pasadas las 16:00 se dio a conocer la noticia: Estados Unidos dio luz verde para la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Colombia. Luego de la reunión que mantuvieron los presidentes Barack Obama y Juan Manuel Santos se anunció que hasta el 22 de abril se iniciará el proceso final con miras a la firma del acuerdo.
Colombia se comprometió a realizar los cambios en su legislación para adaptar las peticiones norteamericanas respecto a ciertas normas laborales, que tienen que ver con la protección física y de los derechos de los trabajadores en Colombia. “Lo que hicimos en el plan de acción (que se discutió ayer) fue poner en blanco y negro una serie de objetivos, con fechas, para irlos cumpliendo y eso es lo que vamos a hacer”, dijo Santos.
Eso aumentará las exportaciones de productos estadounidenses por más de $1,100 millones y le permitirá a Colombia acceso libre de aranceles a los productos y servicios estadounidenses, en sectores desde la manufactura a la agricultura. Además se prevé un aumento del PIB de los Estados Unidos por $ 2.500 millones.
Con esto se destrabó el acuerdo que estuvo paralizado desde el 2008, y que ahora debe ser ratificado por el Congreso estadounidense, aunque no existen fechas definidas para eso. Este era el principal temor de los exportadores ecuatorianos pues con un TLC firmado, las ventajas para los colombianos restan competitividad a los empresarios locales.
En febrero pasado, el Gobierno ecuatoriano anunció que, además de buscar una renovación de las preferencias, se intentaría un acuerdo comercial más a largo plazo con EE.UU. En primera instancia se había fijado abril como fecha para las reuniones bilaterales, pero luego se indicó que sería en julio.
Por eso la preocupación aumentó en el sector privado, pues consideran que con la firma de ese tratado, los días del Atpdea para Ecuador están contados. “Una vez que se suscribe ese acuerdo habrá una extensión para Colombia, pero habrá que ver si Ecuador estará incluido o no”.
La ruptura entre dos países siempre es mala, duijo Bruno Leone, presidente alterno de la Cámara de Industrias de Guayaquil. “Estados Unidos es el principal socio comercial y el sistema de preferencias arancelarias generó miles de plazas de trabajo a compañías y empresas que exportaban sus productos bajo ese beneficio. Los intereses del Atpdea no son de un grupo minúsculo de personas, eso afecta a miles que dependen de sus empleos”, recalcó el empresario atunero.
Aún no se puede decir que es el fin de las preferencias arancelarias porque la decisión está en manos del Congreso americano. “Pero dígame usted, qué congresista o qué senador va a votar a favor de las preferencias sabiendo que al Embajador de su país lo han expulsado, es una situación muy difícil”.
Para exportar atún sin preferencias, ahora se debe pagar 12% de impuesto para el producto en agua y 36% para el atún en aceite. “Ese costo extra nos saca de competencia frente a Tailandia y otros países de Asia. Y el comprador de Estados Unidos podrá decir ‘esto me sale más caro’ y buscarán en otros lados”.
Pero nada está dicho hasta que todo esta firmado, precisó Ignacio Pérez, directivo de la Asociación de Exportadores de Flores. “Hasta el último día siempre hay cómo negociar y ajustarse”, mencionó en una entrevista en radio Majestad, antes de conocer el regreso del embajador Gallegos.
Pese a ello reconoció que todo el esfuerzo por ganar un mercado tan importante podría quedar anulado por el impasse diplomático. El sector floricultor es el segundo proveedor en el mercado americano, solo en 2010 se vendieron $598 millones a ese país. “Eso no es de un ratito, sino 30 años de trabajo e inversión que ha hecho el sector”.
Pérez indicó que según un estudio realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en 2006, el Atpdea crearon en Ecuador 509.000 empleos, con una incidencia directa e indirecta en 1,5 millones de personas.
“El canciller (Ricardo Patiño) dijo que la dignidad del Primer Mandatario va más allá del Atpdea. Es importante el honor, la honra, el buen nombre, pero cuando atrás se tiene 1,5 millones de personas en (directa) responsabilidad, no se si eso será un exceso de rapidez (en la reacción) o será prepotencia o vanidad”.
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