Consulta popular: Análisis de la pregunta # 5

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La pregunta cinco de la propuesta de enmienda hecha por el Presidente de la República, Rafael Correa, busca cambiar la integración del Consejo de la Judicatura (CJ), que es el ente encargado de la designación, por medio de concurso, de los jueces, tanto de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), como de las Cortes Provinciales del país.

La pregunta que usted deberá responder el próximo 7 de mayo es:

¿Está usted de acuerdo en modificar la composición del Consejo de la Judicatura, enmendando la Constitución y reformando el Código Orgánico de la Función Judicial, como lo establece el anexo 5?

El Anexo 5 propone que se enmiende la Constitución de la siguiente manera: Art. 179.- El Consejo de la Judicatura se integrará por 5 delegados y sus respectivos suplentes, quienes serán elegidos mediante ternas enviadas por el Presidente de la Corte Nacional de Justicia, cuyo representante lo presidirá; por el Fiscal General del Estado; por el Defensor Público, por la Función Ejecutiva; y por la Asamblea Nacional.

Los delegados mencionados en el inciso anterior serán elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a través de un proceso público de de escrutinio con veeduría y posibilidad de impugnación ciudadana.

El procedimiento, plazos y demás elementos del proceso serán determinados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Los miembros del Consejo de la Judicatura, tanto titulares como suplentes, durarán en el ejercicio de sus funciones 6 años. El Consejo de la Judicatura rendirá su informe anual ante la Asamblea Nacional, que podrá fiscalizar y juzgar a sus miembros”.

La Corte Constitucional determina que el último inciso del artículo 180 y artículo 181 de la propuesta de enmienda deben mantenerse de la forma sugerida por el Ejecutivo.

El Consejo Nacional Electoral enviará al Presidente de la Asamblea el texto de la enmienda aprobada en referéndum, quien en dos días hábiles subsiguientes al envío, dispondrá su publicación en el Registro Oficial.

La propuesta de reforma del Ejecutivo del Art. 181 y el último inciso del 180, aprobada por la Corte Constitucional es: Art. 181.- Serán funciones del Consejo de la Judicatura, además de las que determine la ley:

1. Definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y modernización del sistema judicial.

2. Conocer y aprobar la proforma presupuestaria de la Función Judicial, con excepción de los órganos autónomos.

3. Dirigir los procesos de selección de jueces y demás servidores de la Función Judicial, así como su evaluación, ascensos y sanción. Todos los procesos serán públicos y las decisiones motivadas.

4. Administrar la carrera y la profesionalización judicial, y organizar y gestionar escuelas de formación y capacitación judicial.

5. Velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial.

Las decisiones del Consejo de la Judicatura se tomarán por mayoría simple.

Suprímase el último inciso del artículo 180 de la Constitución.

¿Qué pasa si gana el sí?

El artículo 179, de la Constitución vigente que el Presidente pretende cambiar mediante referéndum es:

Art. 179.- El Consejo de la Judicatura se integrará por nueve vocales con sus respectivos suplentes, que durarán en el ejercicio de sus funciones seis años y no podrán ser reelegidos; para su conformación se propenderá a la paridad entre hombres y mujeres. El Consejo designará, de entre sus integrantes, una presidenta o presidente y una vicepresidenta o vicepresidente, para un periodo de tres años.

El Consejo de la Judicatura rendirá su informe anual ante la Asamblea Nacional, que podrá fiscalizar y juzgar a sus miembros.

Los nueve miembros son elegidos por concurso de méritos y oposición. Seis de los vocales son profesionales en Derecho y tres, profesionales en las áreas de administración, economía, gestión y otras afines.

Si se aprueba la enmienda, cada ente de los que conformarían el nuevo pleno, CNJ, Fiscalía, Defensor Público, Ejecutivo y Legislativo, deberá enviar una terna al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), para que de ellas, se elija a los vocales del CJ.

Al eliminarse el último inciso del Art. 180 de la Constitución, se concluye con el concurso de méritos y oposición de debía realizar el Cpccs.

Además, para la aplicación de esta enmienda se planea reformar parte del Código Orgánico de Función Judicial. Entre los cambios se plantea una nueva estructura funcional que tendría como componentes el pleno, la presidencia, ejercida por el delegado del Presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), y la dirección.

Las Direcciones provinciales serán ejercidas por el Presidente de la Corte Provincial. A las unidades administrativas se les encargará la planificación estratégica, la gestión de talento humano, la transparencia y la difusión a la comunidad de los resultados de su gestión.

Esto, según el Mandatario, focaliza las funciones del CJ que ahora estaban dispersas. “Se delimitan las funciones del Consejo a cuestiones de política, a grandes decisiones, a la evaluación de la carrera judicial y a la administración del día a día se la dejan a un director ejecutivo”.

(El texto del anexo 5 tiene 6 páginas, para leerlo completo haga click aquí).

Texto enviado por el Presidente de la República

La propuesta original del Ejecutivo en este tema también fue cambiada por la Corte Constitucional. El texto inicial era el siguiente:

5.- Con la finalidad de tener una más eficiente administración del sistema de justicia, ¿está usted de acuerdo en modificar la composición del Consejo de la Judicatura, enmendando la Constitución y reformando el Código Orgánico de la Función Judicial como lo establece el anexo 5?

El anexo 5 decía: “Enmiéndase la Constitución de la República del Ecuador y refórmase el Código Orgánico de la Función Judicial, de la siguiente manera: 1.- Los artículos 179 y 181 de la Constitución de la República del Ecuador, se sustituyen por los siguientes: “Art. 179.- El Consejo de la Judicatura se integrará por el Presidente de la Corte Nacional de Justicia, quien lo presidirá; el Fiscal General del Estado; el Defensor Público; Un Delegado de la Función Ejecutiva; y un Delegado de la Asamblea Nacional.

Los Delegados de las funciones ejecutiva y legislativa, titular y suplente, serán ratificados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a través de un proceso público de escrutinio, con veeduría y posibilidad de impugnación ciudadana.

El procedimiento, plazos y demás elementos del proceso serán determinados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Los Miembros del Consejo durarán en el ejercicio de sus funciones el tiempo de sus respectivos cargos, tanto de los titulares como de los Delegados.

El Consejo de la Judicatura rendirá su informe anual ante la Asamblea Nacional, que podrá fiscalizar y juzgar a sus miembros”.

Lo que hizo la Corte

Los cambios en el artículo 181 y en el último inciso del 180, fueron tomados íntegros de la propuesta original. Lo que cambiaron los magistrados constitucionales en este texto fue la conformación del pleno del Consejo de la Judicatura. Precisó que los titulares de los órganos de la justicia no podían integrarlo, si no sus delegados; y que la selección de esos delegados se debe hacer por ternas escogidas por el Consejo de Participación Ciudadana.

La Corte Constitucional consideró, según el informe del magistrado Patricio Herrera y firmado por seis de los nueve miembros del pleno, que “la modificación de la regla constitucional que determina la composición numérica del Consejo de la Judicatura, no vulnera, modifica, ni altera la estructura del Estado, ni modifica sus elementos constitutivos, peor aún restringe derechos o garantías constitucionales o modifica el procedimiento de reforma constitucional”, por lo que decidió que no era necesario acudir a una Asamblea Constituyente para aprobar la reforma.

Sobre la posible injerencia de un poder sobre otro, la Corte se pronunció diciendo que la participación de la Función Ejecutiva y Legislativa dentro del CJ “es constitucionalmente legítima, siempre y cuando la enmienda garantice la independencia externa y funcional del Consejo de la Judicatura”.

Voces a favor

El Presidente Rafael Correa, niega rotundamente que con esta reestructuración se pretenda manejar la Justicia o interferir en ella. “Si nosotros, ponemos a los jueces, si somos dueños de la Función Judicial y tenemos mala fe, ¿Para qué diablos la queremos cambiar? ¿Resiste a algún análisis esa postura?”, cuestionó el pasado sábado, durante su enlace ciudadano.

Correa señaló que la intervención del Ejecutivo y Legislativo será únicamente en la parte administrativa, que no se ejercerá injerencia en los fallos judiciales, que lo que se pretende es evaluar a los jueces que hagan claudicar las prisiones preventivas o que no despachan adecuadamente los juicios.

El Ministro de Justicia, José Serrano, también ha emitido su voz de apoyo a la reestructuración del CJ. Lo hizo directamente en una carta dirigida al Presidente de esa entidad, Benjamín Cevallos, como respuesta a una negativa de Cevallos para que el Ministerio de Justicia actúe en ciertas áreas administrativas del Consejo.

En la misiva, Serrano defendió la constitucionalidad de la consulta, basado en la decisión de la Corte Constitucional. “Lo expresado en su comunicado en el sentido de que la Consulta Popular es “inconstitucional”, es por demás antojadiza, pues el máximo órgano competente ha declarado su constitucionalidad y por tanto ha autorizado continuar con el proceso correspondiente”, sostuvo.

Voces en contra

Los que se oponen a esta pregunta consideran que era innecesario detener un proceso que ya estaba en marcha. “Ya había un proceso para llamar a un concurso en el Consejo de Participación Ciudadana, realmente no sé porque se complicaron tanto la vida. Si ya se hubiera llamado a concurso ya en junio tendríamos un nuevo Consejo de la Judicatura, pero ahora se va a demorar más”, dijo el presidente del CJ, Benjamín Cevallos a www.burodeanalisis.com.

Para él, la conformación del CJ, diseñada por la Constitución de Montecristi, fue acertada y consideró normal que al ser un cuerpo colegiado, hayan ocasiones en que los nueve miembros del pleno, no se puedan poner de acuerdo. Esto refiriéndose a las críticas por el número de vocales provenientes del Ejecutivo.

El ex vocal del Consejo Nacional de la Judicatura, Enrique Tamaríz, cuestionó la pretensión del gobierno de pertenecer al Consejo de la Judicatura. “Es curioso que en algún momento se diga que el controlado no es prudente, que esté en el órgano de control y que tome decisiones en las cuales tiene interés y le afectan. Sin embargo hoy se defiende a brazo partido esa tesis y entonces, hay un cambio de posición que es de hecho inconstitucional”, concluyó.

El constitucionalista, Jorge Zavala Egas, consideró en un programa sobre la consulta popular transmitido por Tc Televisón, que esta pregunta era una clara injerencia de poderes. “Cambiar la estructura del Consejo de la Judicatura es cambiar la relación entre poder Ejecutivo y poder Judicial, es el cambio esencial de la relación inter poderes, Ejecutivo y Judicial. En eso se basa  precisamente la reforma que propone el Presidente de la República”, afirmó.

Pero el Consejo Consultivo de la Defensoría del Pueblo, cuestionó la intervención de poderes en esta pregunta. “La pretensión de reemplazar el rol del Consejo de Participación Ciudadana en la conformación del Consejo de la Judicatura, entregándole esta facultad a una Comisión que se crearía para ese efecto conllevaría un grave detrimento en el ejercicio del derecho de participación ciudadana. Por otro lado, se evidencia el riesgo de intervención de las funciones legislativa y ejecutiva en la función judicial, vulnerando así lo previsto en el artículo 168 de la Constitución”, según un comunicado.

LAS OTRAS PREGUNTAS:

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Un comentario para “Consulta popular: Análisis de la pregunta # 5”

  1. ab. Eleodoro Portocarrero Clark says:

    El cambio que le hagan a las instituciones, con Logos nuevos nombres nuevos, páginas Web fabulosas y camionetas preciosas cae en SACO ROTO, mientras sigan manteniendo a la misma gente, con mentes caducas y con un sentimiento de rechazo al pueblo y de no servirle, yo tengo una mala experiencia con CNT, hace poco pague y me mantuvieron cerca de dos semanas con la grabación : No ha pagado. En otra ocasión, fuí al Registro Civil, aunque las dependencias son de primera en el Registro Civil Guayas ( 9 de Octubre Gquil)Se les perdieron unos papeles que había sacado. Me querían de nuevo a pagar y hacer fila. En el Correo esas MUJERES PELUCONAS, me trataron mal y así, creo que miles de historias se repiten, porque esta gente que trabaja en dependencias públicas trata al usuario como BASURA, y muchos de ellos le apuesto que son de la camada de esos jovenzuelos que a duras penas son Bachilleres o recien salidos de alguna Universidad de “aniñados”. COncluyó: PROHIBIDO OLVIDAR, con tanto mal SERVICIO Y MALA ATENCIÓN, de esta gente que deberían tener cursos de Relaciones Humanas y Atención al Cliente. Y en el caso de la CTE, es peor esa institución como tal y como se llame, NUNCA DEBERÍA HABER EXISTIDO Y NO SIRVE. Aunque soy guayaquileño hasta la medula, pero eso es la verdad. Ab. Eleodoro Portocarrero Clark IV
    Guayaquil-Ecuador

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