Operadoras de Cable se rigen bajo nuevas reglas, desde hace tres meses

En Guayaquil se realizó un taller para sociabilizar el nuevo reglamento.

En Guayaquil se realizó un taller para sociabilizar el nuevo reglamento.

El Consejo Nacional de Telecomunicaciones y la Superintendencia de Telecomunicaciones explicaron los alcances del nuevo reglamento para operadoras de audio y video por suscripción. La norma dispone compensaciones económicas para los usuarios, en caso de mal servicio y hasta suspensión de las compañías, si no cumplen con los requisitos de operación.

Las disposiciones de un nuevo reglamento que el Consejo Nacional de Telecomunicaciones y la Superintendencia del ramo ejecutan para el control de operación y servicio de las empresas operadoras de Audio y Video por Suscripción, genera dudas entre las compañías que dan este servicio en el país.

El Reglamento para Sistemas de Audio y Video por Suscripción que rige desde su publicación, el 21 de diciembre del 2010, dispone controles más severos para la operación de este tipo de compañías, tanto cantonales como nacionales; así como en la calidad de la prestación de servicios.

La intención de organizar a todas las operadoras del país, es considerada como positiva por el representante del Grupo TvCable, César Yépez. Él considera que ha habido una falta de control en el crecimiento acelerado de este tipo de servicios en las ciudades pequeñas, lo que ha ocasionado problemas en el negocio, tanto para las grandes compañías como para las pequeñas.

“En la actualidad yo sencillamente vengo, instalo receptores piratas de programación internacional, lo meto en el cable y lo vendo y gran negocio para mí, a mí no me cuesta nada la programación internacional, mientras las otras empresas están pagando mucho por ella. ¡Bingo!, ¡Gran negocio!”, indica Yépez.

A pesar de reconocer los beneficios del reglamento para el sector, los representantes de las operadoras tienen varias dudas. Una de ellas va encaminada precisamente a la renovación de contratos con el Estado.

Carlos Reinoso, propietario de Carei Cable, una empresa que funciona en Naranjal y La Troncal afirma que aún no le queda claro si es que para renovar contrato, quienes ya tienen autorización para operar, se debe rehacer todo el proceso como si fuese una petición nueva. “(Según el reglamento) hay que presentar todos esos estudios, hay que presentar un sinnúmero de propuestas que están en los formularios”, lo que dice, generará otra inversión a los propietarios de las compañías.

Reinoso asegura además, que para los trámites no se contempla una diferencia entre las grandes operadoras de ciudades como Guayaquil o Quito, que bordean hasta los cinco mil suscriptores y las más pequeñas, con no más de quinientos usuarios. Esto, sobretodo, en lo que tiene que ver con los requisitos para acceder a los permisos, dado que los formularios imponen determinado número de colaboradores, el tamaño de la infraestructura, entre otros.

Según el empresario, las compañías pequeñas no necesitan tanto personal, ni equipos, como si lo requieren las operadoras grandes.

Así también, se muestra preocupado porque según dice el gobierno tiene la intención de entrar a competir, con los mismos servicios, en varias poblaciones donde el mercado es escaso. “Allá es donde va a hacer que las empresas pequeñas desaparezcan, no tiene otro objetivo, ni otra salida”, asegura Reinoso.

En cambio a Yépez, le inquietan los términos jurídicos que se usan en el capítulo III del reglamento. Sobre todo cuando se habla de ‘concesiones’, pues él asegura que es necesario aclarar que se trata de autorizaciones de operación de las compañías, para evitar futuras confusiones.

“Una concesión significa que el Estado es dueño de algo y se lo va a entregar a un tercero para que lo explote, lo administre. Por ejemplo, las frecuencias (de canales de Tv o radio), está claro que las frecuencias son del Estado, las concesiona, le da a un tercero para que él explote determinado servicio; pero en el tema de video y audio por suscripción, el Estado no tiene nada, la programación viene de afuera, es un negocio del que el Estado no es dueño de la programación”, indica Yépez.

Otra de las disposiciones de la norma, es la implementación de un formulario para agilitar los trámites de autorización que requieran las empresas con el Estado, cuyo objetivo es minimizar los tiempos. “Se ha establecido la estandarización de los formularios que se les da (a las operadoras) para que sea más ágil el proceso de cambios, modificaciones y concesiones”, señala Rafael Matute, de la Supertel.

Esto es visto positivamente por dos de los representantes de las operadoras de cable, que acudieron al taller en el que se explicó el reglamento, el pasado lunes, en el Unipark de Guayaquil. “Con estos formularios que se presentan, uno puede tramitar (las autorizaciones) más rápido para tener respuestas, esperando que sea así, porque todavía se siguen manteniendo ofrecimientos que en realidad aún no se han cumplido. Hay trámites que llevan hasta cinco años y que aún no tienen final”, asegura Carlos Reinoso, de Carei Cable.

Los usuarios tendrán compensación económica, si el servicio falla

Según el artículo 44 literal d, del reglamento para Sistemas de Audio y Video por Suscripción, el abonado o suscriptor tiene derecho a un reconocimiento económico que corresponda al tiempo en que el servicio no ha estado disponible, cuando la causa fuese imputable al prestador del servicio de audio y video por suscripción.

El pago que la empresa debe hacer al suscriptor “será por lo menos un equivalente al precio que el abonado hubiere pagado por ese tiempo de servicio de acuerdo a la tarifa acordada con el proveedor del servicio”, dice el documento que está en vigencia.

Y este, aseguran los representantes del Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Supertel), es uno de los grandes avances que se han hecho a favor de los usuarios de este tipo de servicios.

Se dispone además que las empresas deben resolver el 90% de los reclamos dentro de las primeras 24 horas. Otro 5%, deberán ser atendidas en un máximo de 48 horas; y el resto, hasta 72 horas. Queda un margen de un 1% que es para casos fortuitos en los que se necesite más tiempo.

La norma estipula varios tipos de sanciones, basados en el reglamento general de la Ley de Radiodifusión y Televisión, que van desde la amonestación escrita que sería la más básica, pasando por la pecuniaria con un monto de hasta $ 200, hasta la suspensión temporal y la suspensión definitiva o terminación de contrato, de la operación de la empresa, según sea la reincidencia en la falta, explica Rafael Matute, de la Superintendencia de Telecomunicaciones.

Así también, las operadoras tienen la obligación de comunicar a sus suscriptores y a la Supertel, con 48 horas de anticipación, de cualquier interrupción planificada que afecte la prestación del servicio por más de dos horas.

Además del pago a los abonados, se está creando un documento que será una base de garantía para el suscriptor, explica Ma. Luisa Perugachi, jefe de división de Audio y Video por Suscripción del Consejo Nacional de Telecomunicaciones. “Se han normado, las relaciones entre el usuario y el prestador del servicio, a través de un contrato tipo, que incluye cláusulas esenciales del servicio y que se apega totalmente a la Ley de Defensa al Consumidor”, afirma.

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