El Consejo postergó el concurso para autoridades del CJ.

En ocho días se conocerá si la Asamblea acepta el trámite para censurar a la titular del Consejo de Participación Ciudadana, Juana Miranda, a quien se la acusa de no cumplir con el mandato constitucional de seguir el proceso de elección de autoridades.

El 19 de enero se planteó iniciar la convocatoria para el concurso de designación de vocales del Consejo de la Judicatura, pero luego fue suspendido. De prosperar la acción legal, uno de los siete consejeros suplentes reemplazaría a Miranda, según la ley.

En caso de que la Asamblea resuelva censurar, mediante juicio político, a la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Juana Miranda, uno de los siete consejeros suplentes pasaría a ocupar su lugar, según lo establecen las leyes.

La censura por el Legislativo consta como una de las cuatro causales de destitución de un consejero principal, señala el artículo 46 de la Ley de Participación Ciudadana. Las demás son por muerte, terminación del periodo para el cual fue designado (5 años), y la renuncia.

En el artículo siguiente (47) la mencionada ley refiere que “en caso de ausencia temporal o definitiva de las o los consejeros principales, se principalizará la o el primer consejero suplente de acuerdo al orden de asignación por la puntuación obtenida en el concurso público de oposición y méritos…”.

Marco Murillo (movimiento independiente Amauta Yuyai), presidente de la comisión de Derechos Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidad, fue quien planteó la idea de instaurar el juicio político contra Miranda, y enfatizó que las leyes aseguran la continuidad de los concursos de selección de autoridades, en caso de que prospere la acción legal.

El jueves pasado, Murillo presentó al Parlamento el pedido de juicio para la presidenta del Cpccs. El Consejo de Administración Legislativa (CAL) tenía previsto ayer someterlo a análisis en el pleno, y de lograr 40 firmas, en unos tres días, el documento pasaría a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, para calificarlo y enviarlo a debate en cinco días.

Murillo basa su denuncia en los artículos 131 de la Constitución y 78 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa que faculta a los asambleístas a enjuiciar políticamente al Cpccs.

“Tengo los argumentos, tantos fundamentos de hecho y de derecho, básicamente son mandatos constitucionales a los que estaba obligada la presidenta del Consejo hacer cumplir, de eso la estoy acusando”, dijo el legislador.

Agregó que con el juicio ningún proceso de selección se invalidaría y resaltó que hay una lista de consejeros alternos que asumirían las responsabilidades de la presidenta del Cpccs. También indicó, podría ir en su lugar el actual vicepresidente del organismo, Fernando Cedeño.“…Ningún proceso se paraliza mas bien creo que esta censura sería un llamado de atención a todo el Consejo…”, sostuvo.

Los puntajes alcanzados por los consejeros suplentes en el concurso de méritos y oposición son importantes para el reemplazo de los principales del Consejo. Entre los siete consejeros suplentes constan: William Hugo Arias Palacios, Evans Lorena Herrera González, Óscar Franklin Canelos Castillos, Lucy Jacqueline Estupiñán Sánchez, Carlos Manuel Vera Quintana, Linda Aurora Vidal Nazareno y Franklin Bolívar Moreno Quezada.

Según datos del Consejo Nacional Electoral que realizó los concursos para elegir a los consejeros, de los suplentes, Hugo Arias es el que obtuvo mayor puntaje con 85.50, le siguen Óscar Canelos y Carlos Vera con 84 y 83.50 puntos respectivamente.

Según el orden, siguen Franklin Moreno con 82.08, Lorena Herrera con 81, Lucy Estupiñán con 78 y Linda Vidal con 77.50.

Vera ya estuvo en el Consejo transitorio de Participación Ciudadana, dirigido por Julián Guamán, a inicios del 2009 y sus funciones duraron nueve meses. Mientras que Hugo Arias fue coordinador de Jubileo 2000, movimiento civil que difunde detalles de la deuda externa y es afín al canciller Ricardo Patiño.

Proceso debe paralizarse hasta consulta

En la sesión del Consejo de Participación Ciudadana donde se decidió suspender el proceso de selección de los vocales de la Judicatura, el voto de Juana Miranda, presidenta del organismo fue dirimente para aprobar la resolución.

Tras la reunión Miranda prefirió no pronunciarse sobre la suspensión del concurso, sin embargo, Mónica Banegas, miembro del Consejo declaró que no era posible hacer la convocatoria en vista de que no existía una comisión ciudadana conformada.

La comisión ciudadana encargada de seguir con el proceso de elección de los miembros del Consejo de la Judicatura no logró conformarse debido a que no acudieron a posesionarse los delegados de las funciones del Estado. Los consejeros David Rosero, Luis Pachala y Andrea Rivero no estuvieron de acuerdo con la interrupción del concurso y añadieron que se podría tratar de un boicot.

Freddy Álava, uno de los veedores para elección de miembros del CJ, manifestó que el retraso que ha tenido el cronograma de selección de autoridades desde el inicio ha incidido en el problema que ahora enfrenta el Consejo de Participación Ciudadana.

Sugirió que por ahora el Consejo se debe de enfocar en elegir al Fiscal General, y cuando ya se haya resuelto el tema de la consulta, se debe seguir con el de los vocales del CJ.

Mientras tanto el asambleísta Marco Murillo, quien propone el juicio político para Miranda, manifestó que el hecho de que los poderes del Estado (Ejecutivo, Judicial y de Transparencia) no se hayan integrado a las comisiones ciudadanas no significa que sea una excusa para detener el proceso del Consejo.

Explicó que las leyes establecen que las funciones del Estado tienen hasta 30 días para enviar los nombres y determinar a sus representantes en las comisiones ciudadanas, y que en caso de no hacerlo el Consejo puede hacerlo mediante sorteo público.

“…Ya contáramos con un CJ de no haber sido porque hubo un retraso enorme, hubo falta de liderazgo de Miranda…Todo este retraso y problema ha derivado en un caos político y jurídico…”, expresó.

Este medio buscó una versión con Juana Miranda, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana pero no contestó su celular. En una entrevista a diario El Universo la funcionaria indicó que no hay una ley para destrabar el concurso (del CJ) y que hay temores en los delegados de las funciones, “preguntas qué pasarán con ellos si se da la consulta. Yo consulté a la Procuraduría, porque luego se dirá que gasté la plata”.

Sostuvo que no tiene una salida jurídica para que las comisiones ciudadanas puedan trabajar. ”…¡Es que no la tengo! ¿Cómo la puedo dar? Yo no dictamino, es el pleno del Consejo”.