La cláusula Décimo Quinta, (Pago a la contratista) de los nuevos contratos sería el punto fundamental de la negociación petrolera, pues según el tercer borrador del contrato al que tuvo acceso Buró de Análisis,  allí se plantea la fijación de la tarifa que el Estado pagará a las compañías por la exploración y explotación del crudo. Ahí se establece que el Estado deberá reservarse para sí el 25% de los ingresos como margen de soberanía.

Además, la petrolera pagará el 25% del Impuesto a la Renta del 25%, y deberá reconocer el 3% de sus utilidades en beneficio de sus trabajadores. Pero también se establecen los indicadores que permiten fijar el valor que recibirá la empresa por cada barril de petróleo.

Esta tarifa tiene tres componentes básicos: la amortización de las inversiones que las compañías se comprometen a realizar a futuro, el gasto que significará operar el campo y el pago por el servicio. “El acuerdo está en función del riesgo que tenga la operación, del tipo de crudo, de las características del campo y algunos elementos subjetivos que puede trabar la negociación”, dice el analista petrolero Luis Calero.

Ese valor no está atado al precio del barril del petróleo, sostiene Calero, pero depende de él para saber si el negocio para el Estado fue bueno o malo. Y pone en cifras el escenario.

Así, si se producen 30.000 barriles diarios de petróleo y el precio del crudo está en $70, se obtendrán $2,1 millones. De ese valor, el Estado se reserva el 25% del margen de soberanía ($525.000) y lo que queda ($1,5 millones) le sirve para pagar la tarifa. Si la tarifa es de $30, la compañía recibe $900.000, el saldo se queda el Estado ecuatoriano.

Pero si el crudo baja a $40 dólares, la situación se complica. La venta del petróleo representaría $1,2 millones, a eso se le resta el margen de soberanía ($300.000), el saldo sería de $900.000. Ese es el valor que se debe pagar a la compañía por concepto de la tarifa de prestación de servicios. “Al final, el Estado recibió su 25% y la compañía el otro 75%, que es un esquema similar al que existe ahora”.

Jorge Pareja, presidente del Foro Petrolero, coincide en que el problema se presentaría si baja el precio del barril del crudo, que hasta el 16 de noviembre pasado alcanzó los $ 82,34. Si el valor del petróleo en el país es de $ 75, el Estado tendría un beneficio de $ 35 neto y  la compañía $ 40, pero ¿qué pasaría si el precio del crudo baja en el mercado internacional?, cuestiona.

“Ese es el peligro, un arma de doble filo. Si el precio está por encima de los 70 dólares, el negocio es muy bueno para el Estado, pero si baja de eso ya se vuelve peligroso. La tarifa debe estar de entre 40 y 45 dólares por barril, pero eso creo que también no es mucho del agrado de las compañías… ahí va la negativa de firmar los contratos inclusive por las empresa chinas…”.

En el anterior contrato había lo que se denominaba la contratación compartida, donde la empresa privada ponía la inversión, y de las ganancias se distribuía un porcentaje del 30% para el contratante (Petroecuador), y 70% para la contratista, explica el analista Mario Sánchez.

A simple vista, esta repartición se escucha desigual, dice el experto, pero en realidad con los recargos que tienen las petroleras privadas; al final, el pago representaba de 50% a 60% para el Estado y las empresas.

“…Cuando usted ve, oye esa relación y le informan eso al Presidente,  la opinión pública dice: 70% a 30%, se están llevando todo las compañías. Pero ya en valores económicos, cuando se tiene el crudo valorado… la compañía tiene que pagar con esa plata todos los costos para poder hacer las inversiones, los costos de explotación para poder sacar el petróleo del subsuelo, transportarlo y exportarlo. Todos esos costos es por cuenta de ellos, incluyendo el 30% que le entrega al Estado, y del 70% adicionalmente, a través del Impuesto a la Renta, a las regalías, etc, etc…”estimó Sánchez.