El Ejecutivo ha enviado tres Códigos a la Asamblea, dos con carácter económico urgente.

El Gobierno dice que utiliza estas normas para combatir los laberintos jurídicos. Analistas piensan que es una estrategia para concentrar el poder eliminando un sinnúmero de leyes, “de un plumazo”. A más del Cootad, del Código de la Producción, y el de Planificación y Finanzas, la Asamblea tiene previsto crear 18 códigos más.

“Este país debería tener 27 o 28 códigos legales y no 60 mil leyes”. Con esa expresión el presidente de la República, Rafael Correa Delgado, defiende la tendencia que ha manifestado su administración en la aprobación de leyes tipo Códigos en lugar de normas específicas, con lo que afirma se busca evitar laberintos jurídicos.

En los últimos tres meses, la Asamblea Nacional ha tramitado tres de estos grupos de normas. Los Códigos de Ordenamiento, Organización Territorial y Descentralización (Cootad), el Código de Planificación y Finanzas Públicas y el Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión, que aún se debate en el Legislativo.

De acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, los códigos son un conjunto de normas legales sistemáticas que regulan unitariamente una materia determinada; o es la recopilación sistemática de diversas leyes. Los diccionarios jurídicos, en cambio, los definen como una colección sistemática de leyes.

El Mandatario también tiene su propio concepto, que explica poniendo un ejemplo en el que advierte sobre la presentación de una nueva norma de este tipo. “¿Qué son códigos?, (son) grupos de leyes, cuerpos legales, referentes a una misma materia. Por ejemplo, el Código de Agricultura, que va a tener la ley de tierras, va a tener la Ley de Fomento Agrícola… es muy bueno, muy sano para el ordenamiento jurídico del país”, dijo en un conversatorio con periodistas de Guayaquil, el lunes pasado.

Pero algunos analistas consideran que más que buscar un desenredo jurídico, con este tipo de normas lo que ha logrado el Gobierno es una estrategia para concentrar el poder.

El constitucionalista y ex legislador, Luis Fernando Torres, afirma que esta tarea es parte del proceso de consolidación del proyecto socialista liderado por el Presidente Correa. “Todos los códigos que ha enviado el Gobierno, incluido el Código de la Producción, son normas de corte estatista, que subyugan el sector privado al Estado”, afirma.

Con él coincide Wilfrido Lucero, ex Presidente del Congreso Nacional, quien sostiene que esta es una práctica que viene desde la Asamblea de Montecristi. “Es una tendencia concentradora, que trata de imponer el único criterio del Presidente de la República, la única verdad que se considera que la tiene solamente él y de no permitir que ni siquiera sus propios legisladores, puedan discutir con el tiempo necesario para que las leyes salgan mejor elaboradas”, dice Lucero, quien recuerda además que por este motivo se separó a Alberto Acosta, como presidente de la Constituyente.

Según el experto en derecho constitucional, Roberto López, la tarea encomendada a la Asamblea, que en algunos casos debe cumplirse en 30 días, en otros países demoraría de tres a cinco años.

Coincidió con Torres y Lucero en que la tendencia es la concentración de poder en manos del Ejecutivo. “De los 800 mil artículos que redactan (los asambleístas), hay cuatro, cinco, diez, quince, disposiciones que son fundamentales para darle el poder absoluto al señor Correa”, indica.

López compara estas leyes, como las que en su momento intentó imponer el ex presidente Jamil Mahuad y que se denominaron como leyes ‘Trole’, que no llegaron a término por considerarse inconstitucionales, al incluir varios ámbitos en un mismo cuerpo jurídico. “¿Qué es lo que tenemos aquí? un Presidente que gana las elecciones criticando a la partidocracia y que reedita exactamente, y peor -porque allá fueron solo las troles, acá todas las leyes son así-, las deplorables prácticas de la partidocracia que tanto criticaron”.

Derogación y reformas de unas 35 leyes

Pero antes de estos dos cuerpos legales, enviados como económicos urgentes, el Ejecutivo envío uno con carácter ordinario: el Cootad, que llegó la Asamblea el 16 de julio del 2009. Durante más de un año, el Cootad, fue analizado, socializado, debatido y finalmente aprobado el 11 de agosto pasado.

El Cootad, según Torres, derogó toda la legislación seccional vigente en el país (16 leyes). “Está derogada la Ley de Régimen Municipal, la Ley de Régimen Provincial y con ella, cerca de unos 20 cuerpos legislativos más. De un plumazo, se dio la vuelta a la legislación seccional del país e incluyeron normas sumamente peligrosas en materia de expropiaciones, en las zonas urbanas consolidadas y en las zonas urbanas de expansión”, señala y agrega que esa norma atenta contra el derecho a la propiedad inmobiliaria en sus artículos 594, 595 y 596.

La derogación, reformas o eliminación de varias leyes y artículos es una particularidad que también se evidencia en las otras dos normas.

El Código de Planificación terminó con cuatro leyes y reformó una quinta: la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, la de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal; la de Recuperación del Uso de los Recursos Petroleros del Estado y Racionalización Administrativa de los Procesos de Endeudamiento; Ley de Presupuestos del Sector Público; y el Capítulo I de la Ley de Regulación Económica y Control del Gasto Público.

Mientras que el Código de Producción, apunta a la eliminación de 14 normas. Entre ellas: la Ley orgánica de Aduanas, la ley de Comercio Exterior e Inversiones, la de Zonas Francas, de Fomento de la Pequeña Industria, de Fomento Tributario y Crediticio, Codificación de Fomento Industrial, entre otras.

18 códigos más en camino

En la práctica, los Códigos aprobados son textos jurídicos que involucran distintas actividades de un sector, que tienen entre 200 y 700 artículos y pueden cambiar o derogar más de una ley.

Y la tendencia no termina con el Código de la Producción, cuyo debate está previsto para mañana. La Asamblea Nacional, en su plan legislativo 2010–2013, que hizo público la semana anterior, tiene previsto crear 18 códigos más. Entre ellos los de la Administración Pública, Desarrollo Agrario, de la Vivienda y la Construcción, de Seguridad Social, de la Fuerza Pública, de Salud, de Régimen Financiero, de Ejercicio Profesional, de Soberanía Energética, entre otros.

En este Plan, que el Legislativo asegura no es una camisa de fuerza, se proponen los 18 Códigos porque en ellos se unifican objetos regulados en materias específicas, “promoviendo la unidad, coherencia, y armonía que debe producir el corpus normativo”.