Las entidades públicas tendrán que contratar más personas con discapacidades, que la empresa privada

Las empresas públicas deberán adquirir el 5% de personas con discapacidad del total de sus trabajadores.

La última reforma a la Ley Orgánica de Servicio Público, que se publicó en el Registro Oficial el 6 de octubre del 2010, señala que las instituciones estatales están en la obligación de contratar personas con discapacidad en un porcentaje progresivo del 1% anual hasta llegar al 5% del total de su plantilla laboral. Datos de la Vicepresidencia de la República, indican que el 40% de 923 empresas privadas no cumplen con la disposición; pero no se revelaron cifras de instituciones gubernamentales. El IESS y el Consejo de la Judicatura, constan entre los que más adeudan plazas de trabajo.

Desde enero del 2010 las empresas privadas, cuyo personal supera los 25 empleados, deben contar con el 4% de personas con discapacidad del total de su plantilla laboral. Así lo dispuso el Código Laboral hace cuatro años, que explica que el incremento debe ser 1% anual. Este año se completó la cuota y para cerciorarse de que se esté cumpliendo, el Gobierno empezó a investigar a 923 compañías.

La Vicepresidencia de la República recopiló esa información del 17 de mayo al 31 de junio de este año, y reveló que el 40% de las empresas consultadas cumple con el mandato. El vicepresidente Lenin Moreno se mostró decepcionado y dijo que los resultados no eran halagadores, pues el “tiempo esperado ha sido más que suficiente”.

Tras conocer las cifras, Moreno advirtió que analizaría las respectivas sanciones con el Ministerio Laboral. No obstante, no se dieron a conocer estadísticas sobre si las instituciones públicas ejecutaban la inserción laboral de personas con discapacidad. Sobre este tema el ex secretario de la Vicepresidencia, Homero Arellano, adelantó que gran parte de ellas están cumpliendo.

Sin embargo, la asambleísta María Cristina Kronfle (Madera de Guerrero-PSC), dio a conocer que hay entidades públicas como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y ministerios como el del Ambiente que adeudan plazas de trabajo a personas con discapacidad.

En un seminario sobre la inclusión laboral de personas con discapacidad, realizado por Fasinarm el pasado 22 de octubre, en el Centro de Convenciones Simón Bolívar, Kronfle sostuvo que solicitó información sobre el tema a todas las entidades públicas.

Detalló que recibió información de 27 instituciones estatales, donde constan el IESS, el Consejo de la Judicatura, la Contraloría y los Ministerios de Ambiente y de Gobierno. Según el reporte de la asambleísta estos deben 489, 94, 46, 27 y 75 puestos de trabajo a la población con capacidades especiales.

“Las cifras son de hace dos y tres meses, son cifras de instituciones públicas sobre el no cumplimiento de la ley en cuanto a inserción laboral de personas con discapacidad… Creo que los cambios hay que empezarlos desde casa. El Gobierno lo que ha hecho es tener un Vicepresidente con discapacidad que se interesa por la discapacidad definitiva, pero estas reformas están de antes y lo lamentable de esto es que aún así las instituciones como el Conadis (Consejo Nacional de Discapacidad) y el Ministerio de Trabajo, no hicieron nada para hacer cumplir la ley de discapacidades…”, expresó Kronfle.

La asambleísta recordó que las empresas públicas tienen que cumplir más, ahora, la contratación laboral de personas con discapacidad, porque la última reforma a la Ley Orgánica de Servicio Público las obliga a hacerlo no con el 4%, sino con el 5%, un punto más que las empresas privadas.

En su artículo 64, la Ley de Servicio Público establece que las instituciones señaladas en el artículo 3 de la mencionada ley, que cuenten con más de 25 servidoras y servidores en total, “están en la obligación de contratar o nombrar personas con discapacidad, en un porcentaje progresivo de uno por ciento anual hasta llegar al cinco por ciento y promoviendo acciones efectivas para ello, bajo el principio de no discriminación…”.

Nívea Vélez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de los Trabajadores, que trató la Ley de Servicio Público, manifestó que es la primera vez que se incluirán a personas con discapacidad entre los servidores públicos y que esta iniciativa partió de los mismos integrantes de la comisión.

Aunque la norma es nueva en el Servicio Público manifestó que este año deben de cumplir de todas formas con el 4% de inclusión de discapacitados, y que tienen hasta el próximo año para cumplir el 5%, en vista de que el aumento es progresivo (1% por año). “Esta norma se estaba cumpliendo en las empresas públicas por el lado de los obreros pero ahora se extienden a los servidores públicos”.

También indicó que con la última reformatoria de la Ley de Servicio Público no se podrán suprimir las partidas de personas con discapacidad que actualmente trabajan en empresas públicas. “Esta es una ley especial, por primera vez se piensa en las personas con discapacidad de esta forma, se ha señalado también a los empleadores que capaciten a los discapacitados y que adecúen sus instalaciones para ello”.

María del Consuelo Crespo, médica y representante del Consejo Nacional de Discapacidades (Conadis), opinó durante el seminario, que el bajo nivel educativo de las personas con capacidades especiales dificulta su contratación en las empresas.

Sostuvo que el 18% de la población de discapacitados (no especificó cuántos) que están en edad de trabajar están en el mercado laboral. “Es tres veces más grave que el desempleo en la población común… ¿De qué inclusión se habla?”, agregó Crespo.

Datos manejados por Conadis señalan que el colectivo de personas con discapacidad alcanza la cantidad de 1’608.334, es decir el 12,14% del total de la población en el Ecuador. De ese grupo 592 mil registra discapacidad física, 432 mil las tiene de tipo mental, 363 mil son visual y 213 mil auditiva.

Estadísticas del primer Registro Nacional sobre Inclusión Laboral de Personas Con Discapacidad señalan que en el 2009 se detectaron 7.515 personas con discapacidad aptas para trabajar, de las cuales 3.709 se lograron emplear. Estas cifras se tomaron de 2.841 empresas privadas de la provincia de Pichincha entre los dos últimos meses del año pasado.

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Un comentario para “Las entidades públicas tendrán que contratar más personas con discapacidades, que la empresa privada”

  1. Milton Palma says:

    Sumamente intersante, este artìculo, los felicito sinceramente, plantea situaciones reales que estan tras bastidores del proceso de inclusiòn laborales, abordados de manera objetiva y con comentarios de varios funcionarios y personalidades de la nacion. para mi ha sido de mucho interes y beneficio el abordaje que hacen desde el punto de vista de las empresas publicas y como el porcentaje se lo ha incrementado a 5. Me gustarìa conocer mas al respecto y voy a estar pendiente de su comentarios. Muchas gracias.

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