Los informes de impunidad también pesaron en las filas policiales

El informe de la Comisión de la Verdad señaló a policias en servicio pasivo

La Comisión de la Verdad puso el dedo en la llaga de generales en servicio pasivo que formaron parte de los altos mandos policiales y que fueron acusados por el informe ‘Sin Verdad no hay Justicia’ de crímenes de lesa humanidad.

Casos de tortura y de violación de derechos humanos fueron expuestos en un documento que mencionaba a 227 policías activos y pasivos como presuntos responsables de 300 violaciones a los derechos humanos, de un total de 878 casos investigados entre los años 1984 y 2008.

Clara Merino, una de las comisionadas que participó en la investigación de los casos, señala que el informe develó la impunidad dentro de la estructura policial, pues se manejaban fueros especiales, a través de los cuales cualquier delito era tratados por cortes policiales sin que llegaran a la justicia ordinaria.

“También estaban los cuerpos especiales que no actuaban bajo órdenes generales de toda la policía, sino que tenía tratamientos especiales y espacios para decidir. Eso pasaba con el gobierno de Febres Cordero, con el ministro (Luis) Robles Plaza que no respondían a todos los mandos generales de la policía”.

Robles recuerda que antes que saliera el Informe de la Verdad, un grupo de policías retirados escribió un libro (Réplica a la Comisión de la Verdad) y luego apelaron al espíritu de cuerpo para lograr la defensa de toda la policía. Y señala que podrían estar detrás de las revueltas de la fuerza pública. “Sí hay intereses de personajes, gente que ha tenido el entrenamiento y condiciones económicas especiales, que se oponen a una reestructuración de la Policía para que sea tratada desde una concepción central del Estado y que esté al servicio de la ciudadanía y al pueblo”.

Buró de Análisis quiso entrevistar a uno de los generales con más señalamientos en el Informe de la Verdad, Édgar Vaca, quien también es vocero de la Comisión de Defensa Jurídico Institucional de la Policía Nacional, pero nos comentó que por el Estado de Excepción, decretado en el país, estaba imposibilitado de dar declaraciones.

“Lamentablemente en el actual Gobierno se han incrustado extremistas que critican nuestro trabajo profesional y legalidad en los procedimientos que debimos adoptar a costa de nuestra integridad”, dice la primera hoja del segundo texto de la réplica que presentó la Comisión de Defensa policial, el pasado 16 de junio. En esa fecha, Vaca dijo que ese documento fue una forma de “repudio” al crimen organizado que fue liderado por organizaciones como Alfaro Vive Carajo, Montoneros Patria Libre (MPL), M-19 y los GÍAS.

Merino sostiene que con el informe de la Verdad y la posibilidad de reabrir juicios donde los principales involucrados son policías, se generó un espíritu de cuerpo mal entendido, “donde hay influencia de quienes estuvieron en grupos especiales. Hay policías y ex policías que tienen el interés de mantener esos espacios cerrados y el control de esos espacios”.

La reapertura de casos

El Gobierno dispuso, mediante acuerdo ministerial, en julio de este año, que se reabran casos calificados de graves por las violaciones de Derechos Humanos, entre ellos el caso Fybeca, que dejó ocho muertos, en el 2003.

Por el suceso 20 gendarmes fueron procesados en la Corte de la Policía, en donde tras varios meses recibieron sentencia absolutoria, es decir no se les encontraron indicios para ser condenados. Mientras que de las distintas acciones que realizó el abogado defensor de tres de las viudas de los fallecidos en la justicia civil, resultó enjuiciada una joven, que luego fue excarcelada.

En julio, Philip Alston, relator Especial de las Naciones Unidas, enumeró cinco factores que influyen en que la impunidad se haya convertido en un círculo vicioso en el país. El funcionario recomendó que la era de una Policía que se investiga a sí misma debe llegar a su fin en el país. Y eso también afectó la imagen de la entidad.

La comisionada Mireya Cárdenas considera que esos hechos podrían haber derivado en una manipulación en las filas policiales dirigidos a un intento de golpe de Estado. “La Comisión de la Verdad señaló a algunos policías en servicio pasivo que tienen responsabilidades en actos y crímenes de lesa humanidad, crímenes de Estado. Estas fuerzas siguen actuando y manipulando y creo que también hay otras fuerzas externas que manipulan  a la policía”.

Pero el especialista en derechos humanos, Romel Jurado, no considera que la acusación de impunidad sobre las filas policiales tenga relación directa con la sublevación del 30 de septiembre. “Ninguno de los actores, ni los propios policías o políticos lo relacionó con esos casos.  La sublevación fue efectivamente por la perdida de los privilegios que tenían, por lo tanto es difícil establecer una conexión”.

Aunque Merino considera que el malestar proviene del interés de no avanzar en los procesos de reestructuración policial. “Las protestas son por esos cambios de democratizar y de que sean fuerzas armadas realmente al servicio de los intereses de un Estado”.

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