El pedido de amnistía para el ex vicepresidente Alberto Dahík ya fue entregado oficialmente a la Asamblea.

El presidente Rafael Correa oficializó el pedido de amnistía para el ex vicepresidente Alberto Dahík. El documento ya está en la Función Legislativa, pero algunos asambleístas advierten que es una cortina de humo del Gobierno y que el peso político de ese caso restará votos al momento de otorgar el recurso.

El peso político de aceptar o rechazar la amnistía al ex vicepresidente Alberto Dahík también será parte del análisis que harán los asambleístas una vez que se hizo oficial el pedido desde la Presidencia de la República. La solicitud fue recibida por la Asamblea Nacional el pasado 1 de septiembre, a las 16:58. Y de inmediato causó reacciones en los diferentes bloques legislativos.

Varios de los asambleístas de Gobierno prefirieron no adelantar criterios sobre la postura del bloque. María Paula Romo, una de las legisladoras consultadas indicó que cualquier pronunciamiento oficial vendría desde el jefe de bloque Juan Carlos Casinelli. Este último, según informó su asistente, mantuvo reuniones por lo cual no pudo dar sus declaraciones al respecto.

Rolando Panchana, miembro del Consejo de Administración Legislativa (CAL) dijo ayer que al interior del bloque aún no se analiza el tema, pues estaban esperando que se oficialice el pedido que hizo Correa el pasado 10 de Agosto durante su informe a la Nación.

Dahik, fue el Segundo Mandatario en el Gobierno de Sixto Durán Ballén (1992-1996), pero luego de un fallido juicio político en su contra, renunció al cargo (en 1995). El juicio fue impulsado por el Partido Social Cristiano por la supuesta malversación de los gastos reservados, una cuenta secreta que tenía la Presidencia. Luego del fracaso del proceso político, la Corte Suprema de Justicia abrió un juicio penal en su contra (1995) por supuesto peculado. Desde ese año el ex funcionario reside con asilo político en Costa Rica.

La Asamblea de Montecristi ya trató la amnistía para el ex vicepresidente, acusado de malversación de recursos por el caso de los fondos reservados, en 2008.  En esa fecha, la Mesa 10, presidida por Necker Franco, ex asambleísta de PAIS, determinó que el pedido de amnistía sí era procedente.

Panchana pidió a la Secretaría de la Asamblea que se tome en cuenta ese informe como insumo para el análisis del caso.  Y explicó que el CAL deberá calificar el pedido y derivarlo a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado para su análisis. No hay un plazo establecido para el trámite, pero será en esa instancia donde se elabore el informe que defina si es procedente el pedido, de lo contrario se archiva.

Pero es ahí donde estará el primer escollo, pues según Pedro de la Cruz (PAIS), no habrá los votos suficientes para aprobar el informe dentro de la Comisión, presidida por María Paula Romo. “Estamos en una nueva visión política y económica del país. Y él (Dahik) fue el ideólogo de la larga noche neoliberal, va a ser difícil que tenga los votos, yo creo que la misma comisión lo va a archivar”.

De la Cruz recalca que más allá de analizar el tema jurídico de la solicitud, los asambleístas se enfocarán en las implicaciones políticas del caso. “Como está adelantado el análisis desde la Asamblea Constituyente, lo que habrá es un debate político. En el bloque haremos un análisis serio y responsable”.

En la bancada de Sociedad Patriótica tampoco se estudia aún el pedido de amnistía. La próxima semana podría darse una reunión entre los legisladores según anunció Gilmar Gutiérrez. “De entrada, en el partido, se analizó que la amnistía es para delitos políticos pero debemos conocer los argumentos que tiene el pedido y de ahí tomar una decisión”, señaló el asambleísta.

En el oficio, el Presidente Correa indicó que está consciente que la amnistía no procede por delitos cometidos contra la administración pública, como es el caso que se le acusa a Alberto Dahik. “Pero esa fue la forma mafiosa en que la partidocracia funcionó, acusando a sus enemigos políticos de delitos de peculado que no habían cometido, por lo que sostener que no procede la amnistía en este caso, por tratarse de una acción pública por peculado, sería impedir que se investiguen las verdaderas casusas de la persecución al ex Vicepresidente, que se originaron en divergencias personales y luchas de espacios de poder, como el país debe recordar”.

Sin embargo Gutiérrez adelantó que la figura de persecución política no sería aplicable en este caso. “Los jueces han cambiado, pasaron por lo menos dos promociones de jueces después de los que juzgaron el caso Dahik, entonces si es por ahí el animo de persecución no se si se mantenga”.

El asambleísta de oposición considera que la solicitud de amnistía es más una jugada del Gobierno para desviar la atención. “Ya consiguió su primer objetivo, al día siguiente de su informe, desvió la atención hacia la amnistía y no en la pobre rendición de cuentas. Hay que ver que es lo que finalmente percibe con este pedido, no creo que sea solamente la amnistía para Dahik. Hay que estar atento a qué más viene después”.

Desde la bancada de Madera de Guerrero-PSC también se percibe que ese pedido es una cortina de humo. La asambleísta Cinthya Viteri consideró que es una distracción ante el anunciado veto a la Ley de Educación y al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad).

“(Estaremos) con universitarios, maestros y rectores en las calles y la Junta de Beneficencia anulada. Y de la pluma de Vinicio Alvarado sale este pedido de amnistía solo para tenernos a todos distraídos comentando esto mientras el país esta convulsionado”, indicó.

La legisladora comentó que en su bloque partidista no se analiza el tema porque no es parte de las prioridades. “En el momento en que lo trate la Asamblea ahí veremos qué hacer”, recalcó. Una vez que entre a análisis del pleno se requiere el voto de las dos terceras partes de los asambleístas para aprobarlo.

Por lo pronto, Viteri hace el análisis jurídico del tema. Recordó que en la Constitución plantea dos figuras: el indulto y la amnistía; el primero es para delitos comunes y el segundo para otro tipo de delitos. Pero ambos tienen un requisito previo, no pueden darse si son delitos contra el Estado.

“El caso de de Dahik está juzgado por un delito común lo cual lo encasilla en la figura del indulto, lo puede dar el Presidente o la Asamblea pero se hace siempre que exista una pena de por medio, lo cual no es el caso. Tampoco se lo podrían dar porque es un delito contra el Estado no un delito político”, dijo Viteri.

Uno de los antecedentes que plantea el oficio enviado por el Primer Mandatario es que la partidocracia tenía secuestrada a la Justicia y a las demás instituciones del Estado, y que como consecuencia existió persecución en contra del ex vicepresidente Dahík.

“Producto de aquella pesadilla que vivió el país, el secuestro de la función judicial por parte del otrora partido político más influyente del país, personalizado en León Febres Cordero Rivadeneyra, quien se dedicó a perseguir judicialmente a todo aquel que obstaculizaba su voracidad de poder”, señaló el documento.

Pero para Viteri esa persecución no es tal, pues recordó que quien dictó orden de prisión contra el funcionario fue un enemigo de Febres Cordero: Carlos Solórzano,  entonces presidente de la Corte de Justicia. “ni siquiera nos preocupa ese tema, no nos vamos a dejar distraer”, concluyó.