La Construcción del Cuarto Puente sobre el río Babahoyo registra retrasos según informó el propio Ministerio de Obras Públicas.

El presidente Rafael Correa firmó un decreto que obliga a los consultores a entregar una garantía al momento de entregar los estudios. También se promueve que las obras sean consideradas como ‘proyectos integrales’ para que los contratos incluyan, entre otras, iluminación, señalización y cambios de tuberías de servicios básicos.

Las fallas en los estudios o en los diseños de las obras públicas son los principales justificativos que presentan los contratistas ante el retraso de la ejecución de los proyectos. Ese fue el caso del puente Carlos Pérez Perasso (Guayaquil-La Puntilla) cuya ejecución se retrasó más de dos años por fallas en los estudios, y también del Cuarto Puente, sobre el río Babahoyo, que une La Puntilla y Durán (Guayas) y que está en busca de una segunda prórroga del plazo para entregar la obra.

El presidente Rafael Correa anunció el pasado 10 de Agosto, durante el informe de labores, que habrían cambios en la forma de contratación, para evitar, entre otras, que se adjudiquen obras en carreteras que no tengan señalización. “Con Fernando (Cordero) hemos hablado para que se presente un proyecto para que en todo contrato de vialidad sea obligatoria la contratación de la adecuada señalización, nunca más jugar con la vida de nadie”, dijo en su discurso frente a la Asamblea.

Pero seis días antes ya había firmado el Decreto 451 en el que se imponían nuevas reglas para la contratación pública de ejecución vial. Una de ellas (art.2) establece que todo proyecto debe ser integral, es decir, que además de los estudios, planos, especificaciones técnicas, los contratos deben incluir la cantidad y costos de expropiaciones (de haberlos), iluminación para puentes o túneles, accesos para la población, estabilización de taludes, señalización, pasos peatonales e incluso el cambio de tuberías de agua y alcantarillado, así sean de competencia de Gobiernos Seccionales.

El presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Guayas, Rafael Estrada, sostiene que es saludable esa consideración, sobre todo por el tema de seguridad de las vías. “Para que no pase lo de la vía Guayaquil-Salinas, que se hizo un paso lateral en Progreso y Zapotal y ya toda la población se cambió al lado de la carretera, puede haber peligros de vidas. Pero no se respeta actualmente los derechos de vía y hay casas en los espaldones de las carreteras”.

El artículo 4, en cambio, señala que toda consultoría deberá rendir, al momento de entregar los estudios respectivos, una garantía incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, equivalente al 100% del estudio contratado por un plazo de cinco años, para asegurar que los estudios estén bien realizados.

Pero este mecanismo es una consideración innecesaria para Diego Andrade, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha, quien considera que ya los consultores pasan por filtros que certifican el cumplimiento del contrato. Y que las mismas normas contractuales son en sí una garantía para la entrega de estudios serios.

Para Ottón Lara, gerente de Sísmica Ingenieros Consultores, esta es una decisión correcta, sin embargo considera que esa garantía debe ser más razonable. “Los consultores no tienen contratos tan grandes, la consultoría no tiene bienes sino sus conocimientos, ¿cómo se hace para sacar una garantía por cinco años?”, asegura el consultor.

Lara señala que para cumplir con esa disposición, a la par deben existir otras consideraciones desde las instituciones públicas. Una de ellas es tener una cantidad suficiente de ensayos antes de presentar los estudios, pues los suelos en el país son extremadamente variables. “Nosotros hemos tenido proyectos en los que en una misma pila de un puente hay variaciones de hasta 10 metros de profundidad. Pero si se hace una perforación en cada pila, eso dispara el costo del estudio”, explica.

En ese punto coincide Estrada, quien asegura que a la par de las exigencias, los contratantes deben también pagar un precio justo por los estudios. “Lo que pasó en el puente Carlos Pérez y que en parte pasó en el puente de Bahía, cuando se hizo el estudio, es que el Ministerio no autorizó a hacer sondeos de suelo en puntos cercanos, como son costos onerosos se hacen menos perforaciones de la que manda la técnica para evitar que el estudio cueste más”, dice Estrada.

Una segunda consideración, según Lara, es que las entidades públicas amplíen el tiempo de permanencia de los técnicos para el seguimiento de las obras. Y por último, que el diseñador participe de la revisión de los proyectos durante su ejecución. Mediante Decreto (art. 14) ahora se otorga un puntaje adicional si el fiscalizador también es el diseñador de la obra.

“Estas medidas están bien porque obliga a tener ciertos niveles en los estudios. Lo primero que hace un contratista cuando coge una obra es decir el diseño está mal hecho y eso hay que detenerlo”, señala Lara. Esa es una de las prácticas que quiere subsanar la normativa, de ahí que señala en el artículo 10, que al presentarse una oferta, el contratista y el fiscalizador deben certificar haber revisado los estudios de la obra y encontrarse conforme con ellos para que no se argumenten incrementos de plazos, ni errores en los estudios.

“Yo creo que el Presidente está preocupado por lo que pasó con la maldada contratación de emergencia que hizo el ex Ministro Jorge Marún. Hay obras que no tienen estudios o que se hizo solo inspecciones hasta oculares. Ese es uno de los problemas del país, que a las autoridades no les gusta invertir en estudios serios”, recalca Rafael Estrada.

Puntos a favor del Estado

El Decreto 451 otorga más responsabilidades a los actores de la contratación y podría ahorrar recursos a favor del Estado, según Miguel Ángel Chávez, catedrático de la Facultad de Ciencias de la Tierra de la Escuela Politécnica del Litoral (Espol) y consultor de obras civiles. “En el país se realizan muchas veces estudios contraproducentes o que contradicen normas y cualquier organismo los acepta. Ahorita se están haciendo muchas obras sin estudios”.

Y pone como ejemplo al Aeropuerto de Santa Rosa, inaugurado hace casi un año y que recibe apenas dos frecuencias de vuelos. Esa obra costó $50 millones. “Ahí no hubo un estudio verdadero de tráfico aéreo, ni requerimiento, ni a demanda, ni la proyección, ni nada. Eso está botado”.

Chávez también menciona a la carretera entre san Vicente y Pedernales (Manabí), que era de asfalto y ahora la están construyendo de hormigón armado, a un costo de $80 millones de dólares. “Esa carretera no pasa por la línea de Costa sino por el interior. Ahí circula un carro cada hora o dos horas, eso es absurdo. Reparar eso costaría máximo $10 millones”.

El Decreto 451 también establece que en todo contrato deberá constituirse una Comisión que resuelva los problemas que surjan durante la ejecución de las obras. Estará constituida por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el fiscalizador y el Presidente de la República. Entre sus funciones estará analizar la ampliación de los plazos o el aumento del monto del contrato.

Además, señala que la entidad contratante estará obligada a ejercer la acción de responsabilidad civil contra cualquier persona que retrase la obra culposa o dolosamente, por cualquier motivo. Y dispone que en todo contrato se establezcan las multas por incumplimiento de plazos y cronogramas mensuales, siendo el fiscalizador el que deba cotejar ese cronograma.