La revisión del Impuesto a la Renta y del Impuesto a la Salida de Capitales es uno de los pedidos de las Cámaras de la Producción.

En 48 artículos, el Código establece la normativa para las inversiones privadas. En el Libro II se define que toda la inversión que se asiente en el Ecuador (nacional o extranjera) tendrá garantías y derechos. Una de ellos es la libre transferencia al exterior, de las ganancias periódicas o las utilidades que provengan de la inversión extranjera registrada (art. 23, literal d). Además, prohíbe toda forma de confiscación (art. 22), “por lo tanto, no se decretarán ni ejecutarán confiscaciones a las inversiones nacionales o extranjeras”.

Los empresarios dan un voto de confianza hacia el Gobierno, comenta Xavier Durán, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil. Con ese artículo se marca distancia con la denominada ‘revolución bolivariana’ que se registra en Venezuela, y que es una de las principales preocupaciones de los inversionistas.

“Estábamos muy nerviosos porque esto sea una copia al carbón de la legislación venezolana. Pero el mensaje ahora es que el Presidente Correa se dio cuenta que eso (confiscación) es una barbaridad. El no va a aplicar una ideología que se está viendo que está acabando con el país (Venezuela), su revolución va más por el camino de generar riqueza. Nosotros lo apoyamos pero lo que necesitamos es más confianza”, sostiene el industrial.

El ministro (e) Mauricio Peña explica que el anteproyecto prevé suscribir contratos de inversión (art. 33) con una vigencia no mayor a 15 años. “Se establece un tiempo en el cual el inversionista tiene certidumbre para el desarrollo de sus actividades. Los plazos de los contratos de inversión que se plantean no significan que el inversionista quedará desprotegido”, indica el funcionario.

En estos contratos de inversión se podrán pactar cláusulas arbitrales para resolver las controversias que se presenten entre el Estado y los inversionistas. “Lo que estamos planteando a través de los contratos de inversión es que el inversionista pueda escoger, seguir amparado por el tratado binacional de inversión, o se somete a este mecanismo de relación directa y por tanto renuncia a lo que establece el tratado”.

Este mecanismo para la solución de controversias, dice el ministro Peña, se da en virtud de la decisión del Gobierno de terminar los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI). Estos tratados se suscriben entre dos Estados para asegurar una efectiva protección al inversionista extranjero, pero aquellos firmados por Ecuador entre 1968 y 2001 (17 TBI) están en contradicción con lo que dispone la Constitución vigente.

Henry Kronfle, presidente de la Asociación de Industriales Latinoamericanos (AILA), reconoce que el código trata de garantizar el marco jurídico en el que se hacen las inversiones. “Mañana puede haber un cambio en las políticas tributarias, pero con el contrato deben respetar las condiciones que estaban presentes en el momento que hice la inversión”.

Sin embargo, Kronfle advierte un problema: el mecanismo de solución de controversias limita la posibilidad de tramitar los inconvenientes entre el Estado y los inversionistas extranjeros en instancias externas.

“Si tengo una controversia y voy a un tribunal internacional que me dice que tiene la razón y gano la controversia, pero mañana esa resolución no es acatada por el Gobierno, no hay garantía para la inversión extranjera. Ahí hay un problema”.

El artículo 35 señala que el conflicto podrá ser sometido a resolución de un Tribunal Arbitral Internacional, “cuya composición, mecanismo de designación, procedimiento y régimen de gastos serán acordados con el inversionista en el contrato de inversión, acorde a lo que dispone la Constitución. Las decisiones de ese Tribunal Arbitral serán en derecho, la legislación aplicable será la ecuatoriana y los laudos serán definitivos y obligatorios para las partes”.

El Ministro explica que Ecuador admite mecanismos de arbitraje afincados en América del Sur y en el Código se establece que el Estado, junto con los inversionistas, deberá llegar a un acuerdo para establecer en donde debe afincarse esta solución.

“No está incluido en el Código, pero está expedita la posibilidad de que el país acuerde con los inversionistas que pueda llevar a mecanismo arbitrales que están asentados en Chile. No hemos querido identificar específicamente uno u otro mecanismo porque luego pueden aparecer otras opciones, pero deben estar dentro de la Región”.

Mauricio Ramírez, considera que todo lo que le permita al país atraer y retener a los inversionistas es beneficioso. Y que si este anteproyecto introduce una propuesta que permita dar el mismo trato a los nacionales y a los extranjeros, es positivo. “No le veo inconveniente en que sean mecanismos solo de la  región porque estos ya tienen un mayor peso en el mundo”.

Eduardo Peña agrega que los arbitrajes son un buen mecanismo de solución de conflictos. Y recuerda que la Cámara de Comercio tiene su propio centro de arbitraje y se está conversando con la Procuraduría General del Estado para que muchos de los conflictos entre el sector público y privado sean arbitrados en esa instancia.

Pero dice que más allá de escribir que se va a respetar la seguridad jurídica, hay que dar las señales de que existirá ese respeto. “Pero un mal ejemplo, en ese sentido, son las empresas petroleras a las cuales el Estado terminó el contrato de forma unilateral, si esas empresas inician un arbitraje internacional van a ganar”.

Zonas franca serían reemplazadas por las de Desarrollo Económico

Desde el artículo 45, el Código describe a las nuevas Zonas Especiales de Desarrollo Económico (Zedes) que están orientadas a generar procesos de transferencia tecnológica, desarrollo de especialización logística y al fomento de la industria enfocada a las exportaciones.

El Gobierno autorizará el establecimiento de las Zedes como un destino aduanero para que se asienten nuevas inversiones y para ello otorga beneficios similares a los regímenes de importación temporal, conocidas como zonas francas.

Pero Xavier Durán advierte que las empresas que actualmente utilizan estos regímenes no son tomadas en cuenta en el Código y por ello se está trabajando en una contrapropuesta para que se mantengan los beneficios a las zonas francas que ahora están constituidas. “El Código deja vacíos y no ata lo uno con lo otro, por lo que las actuales zonas francas quedan desprotegidas. Son empresas que están haciendo maquila, por ejemplo, pero como no están en las zonas de desarrollo no se toman en cuenta”.

El Consejo Nacional de Zonas Francas (Conazofra) manifestó, extraoficialmente, a las actuales zonas francas que solo operarán solo hasta que termine el período de concesión, pues serían reemplazadas por las nuevas Zedes. Así lo indica Galo Tenesaca, gerente de operaciones de Metrozona (Zona Franca de Quito). “Incluso dentro del Código se plantea derogar La ley de Zonas Francas, el reglamento y las resoluciones emitidas por el Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (Comexi)”.

Metrozona funciona desde el 2000, y dentro de esta zona franca trabajan ocho empresas, con un promedio de 450 puestos de empleo. Una de ellas es Sueño de los Andes, que se dedica a elaborar ramos de flores. La empresa compra la materia prima en Ecuador, la mano de obra local desarrolla los estilos de los ‘bouquets’ y se exporta hacia Estados Unidos.

Una segunda es la empresa GPS que se dedica al rastreo satelital. “Ellos tienen como benefactor a la General Motors, y trabajan para todos los vehículos que se exportan a Colombia, Venezuela y México. Solo ellos generan 120 puestos de empleo”, dice Tenesaca.

En Metrozona también hay empresas de servicios logísticos internacionales, así como industrias gráficas como la Imprenta Mariscal y MP Graphics que exportan revistas y libros. Además en septiembre ingresará una nueva empresa que ya adecuó sus galpones. La inversión, según Tenesaca, depende de la actividad de cada empresa. En el caso de GPS tiene un promedio de inversión de 20 millones de dólares.

“Al darse estos cambios y no considerarse las zonas francas dentro del nuevo esquema del Código debemos ver cuáles son las nuevas reglas que tiene el Gobierno y si hay la posibilidad de migrar hacia el nuevo sistema. Las Zedes deben ser aún reglamentadas”.

Luego de una depuración que realizó Conazofra al sistema a nivel de administradores y usuarios, quedaron 13 zonas francas en el país, las principales están en Esmeraldas, Manta, Guayaquil y Quito. “La Cámara de Zonas Francas está buscando el diálogo para conocer cómo quedará el actual sistema y si se puede adecuar o no a la nueva normativa”, explica Tenesaca.