El Código plantea la firma de contratos de inversión para garantizar a las empresas que pongan su capital en el país.

A lo largo de los 168 artículos del Código de la Producción se advierte de incentivos para la generación de empleo, la transferencia de tecnología, la inversión de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y para la llegada del capital extranjero. Sin embargo, el capítulo destinado a la descripción de estos incentivos aún está en la etapa de ajustes dentro de la Presidencia de la República.

Eduardo Peña, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, explica que en el Ejecutivo se hace una ‘corrida de números’ para medir el impacto que tendría en las arcas fiscales la reducción de impuestos. “Se está calculando hasta donde se puede llegar con los beneficios.  El Servicio de Rentas Internas (SRI) es bastante mezquino, pero atrás de eso está el Presidente empujando”.

Uno de los cambios tributarios es la eliminación del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) para las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (Zedes). Sin embargo, dice Peña, se pidió al Gobierno que se amplíe. Este impuesto significa 200 millones de dólares anuales para el fisco. “Creemos que para evitar que no ingresen esos 200 millones al fisco, por la vía del ISD, se puede compensar con el ingreso de los impuestos que significará captar divisas por el aumento de las nuevas inversiones”.

Una reforma al cobro del Impuesto a la Renta (IR) también está en análisis. La asambleísta Irina  Cabezas adelantó la semana pasada que el principal cambio es la reducción del Impuesto a la Renta, del 25% actual al 20%, para quienes mejoren en sus procesos productivos su tecnología y generen empleo. Y que eso va de la mano con la eliminación de la propuesta de ofrecer una garantía de estabilidad tributaria por 15 años a los inversionistas que quieran pagar el 30% de Impuesto a la Renta.

En la propuesta inicial del Código se discutió la posibilidad de un incremento del IR, pero según el ministro (e) Coordinador de la Producción, Mauricio Peña, luego fue descartada. Esto, explica, porque se reconoció que la presión fiscal del país es similar o superior  a la de otros países de la región.

Y señala que la intención es crear incentivos que faciliten nuevas inversiones. Por ejemplo, se propone que las empresas que se afinquen en determinados sectores obtengan beneficios por la generación de empleos, uno de ellos, que los primeros cinco años puedan deducir del IR el 100% del gasto de la plantilla de trabajadores.

Peña considera que como los ingresos del fisco están disminuyendo, el Gobierno reconoció que se necesita darle oxígeno a la economía con la disminución de la carga fiscal. “Están conscientes que la fórmula para pagar el anticipo al Impuesto a la Renta no es conveniente y están revisando para darnos un planteamiento diferente”.

Otro de los puntos que está en revisión es la flexibilidad en la contratación por horas. El empresario sostiene que las agroindustrias y otras fábricas necesitan aumentar personal durante ciertas temporadas, pero la legislación laboral actual no permite una contratación especial. “Es imposible que un ingenio afilie al Seguro Social a las 10.000 personas que contrata para la zafra (seis meses) y que les pague por todo el año. Ese tema también se está revisando”, señala.

El Ministro ratifica que los cambios tributarios están siendo analizados por el Presidente para definir con precisión cuáles van a ser y en qué montos. Pero explica que dentro del Código están descritos incentivos de carácter general destinados para todas las actividades productivas con el fin de que se incremente la inversión privada. También hay incentivos sectoriales, definidos para aquellos sectores que potencien un desarrollo industrial y de servicios orientados a cambiar la matriz económica del país y así eliminar la dependencia hacia los productos primarios.

La nueva matriz productiva

Las exportaciones ecuatorianas son impulsadas por productos primarios como el petróleo, camarón, flores, banano, cacao y café. Según el Banco Central, de los $8.443 millones que se vendieron al exterior en el primer semestre de 2010, el 78% corresponde a la exportación de productos primarios.

El ministro Mauricio Peña explica que el Código busca cambiar esa matriz de producción generando productos con valor agregado. “El Ecuador no puede destinarse exclusivamente a la exportación de estos bienes. Necesitamos dar un salto hacia fortalecer otros sectores, diversificar la producción y bienes para liberar al Ecuador de los vaivenes de precios internacionales”.

Ese proceso tomaría mínimo 10 a 15 años, sostiene el analista Mauricio Ramirez, aunque en el camino se deben mantener las ventajas competitivas de los sectores que ahora generan divisas. “Si hoy funciona vender petróleo en crudo, sigamos haciéndolo, pero no lo hipotequemos a largo plazo, dejemos que haya una parte para que cuando este la refinería, podamos transformarlo”.

Los empleados y trabajadores no van a convertirse en pequeños o medianos empresarios de la noche a la mañana, considera Eduardo Peña. “No se puede descuidar ni eliminar de un plumazo las exportaciones que ahora generan divisas. No se puede atacar a un sector para levantar a otro, debe haber una transición y mientras seguir apoyando aquel que funciona”.

Que el país pase de exportar productos primarios a ofrecer servicios o productos con valor agregado es uno de los desafíos del Código recalca el investigador Milton Reyes, docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Pero para ello debe dar un paso adelante, desarrollando su propia marca ‘Creada en Ecuador’, que se obtiene solo con la participación de las universidades en los procesos de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías.

Un fondo de garantía para los préstamos

El Código de la Producción también establece instrumentos financieros. Una de las barreras a la producción que determinó el Gobierno es el acceso al financiamiento. “Lamentablemente estamos en un circulo vicioso, yo tengo acceso al financiamiento si tengo activos, y para tener activos debo tener un préstamo”, dice el ministro Mauricio Peña.

Se prevé crear un fondo de garantía a fin de que el prestador tenga un respaldo al momento de otorgar  créditos. También se plantean herramientas para garantizar el acceso de los trabajadores de las comunidades a la propiedad de los medios de producción y los factores de la producción.

Además se establece que el Estado pueda invertir en megaproyectos, a través de un capital de riesgo. Así, el Estado, junto con las comunidades y los socios estratégicos, pueden invertir en nuevos proyectos. Una vez que esté consolidado el negocio, el sector público puede desinvertir, salir del proyecto, para dar paso a que las comunidades, los trabajadores y los socios estratégicos se queden en propiedad de esas empresas.

“Sería un error de nuestra parte pensar que el Estado y las comunidades pueden hacer estos esfuerzos solos, por que fracasaría. Necesitamos incorporar en esta propuesta a un inversionista nacional o internacional que tenga el conocimiento, la experiencia, la tecnología que garantice que ese proyecto va a crecer y se va a desarrollar”, dice el funcionario.

El tercer mecanismo es la democratización de las empresas ya constituidas en el país. “Estamos propiciando la posibilidad de que las empresas abran sus capitales a los trabajadores y también un mecanismo de financiamiento para que los trabajadores puedan comprar las acciones de las empresas”.

El Código abre un espacio en el desarrollo del emprendimiento y plantea la necesidad de que el Estado impulse la creación de un Sistema Nacional de Emprendimiento. “Para que las ideas y proyectos puedan consolidarse y cristalizarse. Habrá incentivos para la generación de nuevos empleos y también para la transferencia tecnológica”, concluye el Secretario de Estado.