En mayo iniciaron los talleres de socialización del Código de la Producción. En esa fecha, la ministra Nathalie Cely participó de una reunión en Guayaquil.

Desde mayo pasado se han elaborado tres borradores del proyecto de ley que busca impulsar la economía nacional. Se plantea una disminución del Impuesto a la Renta, que aún no define el Ejecutivo y que las zonas francas sean reemplazadas por las de desarrollo (Zedes).  Se descarta la confiscación, lo que brinda seguridad al empresario, pero se advierte que la ley ecuatoriana prevalece a los arbitrajes internacionales.

La elaboración del Código de la Producción Comercio e Inversiones marcó un antes y un después en la relación entre el Gobierno y el sector privado. Tres meses de talleres, reuniones y ajustes de textos dieron como resultado un anteproyecto dividido en cinco libros y 168 artículos, cuyo borrador está ahora en manos de la Asamblea Nacional.

La norma, que aún recibe aportes de los sectores productivos y del propio Ejecutivo, marca la hoja de ruta de la producción y de las inversiones en el país. Nuevas reglas para los inversionistas, incentivos para los empresarios pequeños, medianos y grandes, y la conformación de una nueva matriz productiva son los principales componentes de este Código, promovido por el Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad.

Los indicadores del país son muy pobres, dice Mauricio Ramirez, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Apenas cuatro de cada diez ecuatorianos tiene un empleo formal y el ritmo de crecimiento no alcanza ni el 4% según las previsiones para este año. Y esto motivó un cambio de estrategia del Régimen frente a su relación con el sector empresarial.

Ramirez explica que hasta ahora el Gobierno orientó su esfuerzo hacia el crecimiento del sector público, pero al momento de evaluar lo que será el resto de su período sabe que necesita de otros aliados. “Por eso convoca al sector privado a participar en la estrategia de desarrollo económico y de bienestar del país. Lo que está haciendo ahora el Gobierno es tener vínculos o puentes de acercamiento hacia los sectores privados”.

En julio del año pasado se inició un debate con el sector productivo para construir una agenda de desarrollo. Mauricio Peña, ministro (e) Coordinador de la Producción dice que eso permitió identificar la necesidad de establecer un marco jurídico para aplicar esas políticas.

Desde mayo se realizaron 31 talleres con los empresarios e industriales que dejaron más de 960 observaciones a la propuesta del Código. Tres borradores después, se redujeron de 300 a 168 artículos. “(El Código) define los roles que debe cumplir el Estado y el sector privado, y en ese sentido se establece que el desarrollo debe sustentarse en una alianza entre el sector productivo y el sector público”, indica Peña.

Esa alianza se refleja ya en algunos articulados, por ejemplo, se crea un Consejo Consultivo de Desarrollo Productivo y Comercio Exterior (art. 9), conformado por los gremios empresariales y que será convocado por el Consejo Sectorial de la Producción –también creado en la Ley-. Pese a ser solo de consulta, Peña asegura que institucionaliza la participación del sector privado en la elaboración de políticas productivas.

Xavier Durán, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, explica que será el Presidente de la República quien elija a las personas que él considere deban participar en este Consejo. “El sector privado es el que conoce como hacer las cosas porque lo vienen haciendo muchos años y lo está perfeccionando. Se ve (en el Código) la  necesidad de una alianza entre el sector público, el sector privado y las universidades”.

El sector privado retoma de alguna manera la participación que perdió con la llegada de Correa. Una de las principales políticas fue separar de los organismos del Gobierno (como el Consejo de Comercio Exterior e Inversiones, Comexi) a los representantes de las Cámaras de la Producción. Pero según Eduardo Peña, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, en la norma siempre hay una mayoría a favor del Gobierno para la toma de decisiones.

El empresario reconoce que durante la socialización si se acogieron las sugerencias que plantearon los empresarios. Una de ellas es que en los beneficios no solo se incluya a las micro, pequeñas y medianas, sino también a las grandes industrias. “La tercera versión del Código tiene una redacción mas amigable. El Estado se dio cuenta de que necesita a la empresa privada empujando la economía del país”.

El Código formaliza lo que ya se hace desde diferentes frentes gubernamentales, aclara Renato Carló, presidente de la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas. Por ejemplo, explica, en el tema financiamiento la Corporación Financiera Nacional (CFN) ya aplica una garantía recíproca (50% el Estado y 50% la empresa) para la obtención de préstamos. Además incorporó la garantía de los intangibles, es decir, que si una empresa tiene una marca con un volumen de facturación, se prenda esa marca y el banco la acoge como una garantía para los créditos.

“En el camino se fueron puliendo cosas. Se planteó la necesidad de una investigación de mercado para saber como sería el funcionamiento de las pequeñas y medianas industrias, pero como ya estaba hecho se remitió al Ministerio y eso permitió ganar tiempo. Ahora lo importante es que el Código salga y que se aplique lo más pronto posible”, menciona Carló.

De momento los 121 asambleístas recibieron un primer borrador, pero el Presidente Correa aún define cambios. Desde el sector privado se mantienen reuniones permanentes para revisar el proyecto y establecer nuevas sugerencias antes del debate definitivo en el pleno de la Asamblea Nacional.