Que la información que transmiten los medios de comunicación en América Latina sea diversa es lo que buscan las leyes de algunos países.

Una legislación para evitar la concentración de los medios de comunicación en pocas manos  es el común denominador de casi todos los países de Latinoamérica. Las normas quieren combatir que la elección de los contenidos que se difunden en la región se haga bajo el criterio de determinados grupos.  Así lo aseguran representantes de gremios de periodistas, trabajadores de la prensa y organizaciones civiles que participan o participaron en la elaboración de los proyectos.

En Brasil, Uruguay, Paraguay, Ecuador  y Bolivia se analiza actualmente la creación de las normas que regirán desde distintos puntos de vista la comunicación y el ejercicio del periodismo. Chile, Perú, Venezuela y Argentina, fueron los primeros países en aprobar sus leyes en la región. Mientras que en Colombia, que no cuenta con una ley de comunicación, ni se ha iniciado el debate, sí hay otras normas que regulan el oficio.

Las leyes de Perú y Argentina aprobadas en el 2004 y 2009, respectivamente, así como las iniciativas que se analizan en Brasil, Uruguay y Paraguay tienen un factor común, en todas se propone combatir el monopolio de los medios de comunicación.

Celso Schroder, presidente de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (Fepalc)  explica -en entrevista con Buró de Análisis- que esta ola de aparición de leyes no es solo en Latinoamérica. Se está dando casi en todo el mundo porque se ha identificado la necesidad de crear una democratización de los medios. “De manera general, creo que nacen por una urgencia de reglamentación sobre los eventos de comunicación, la ausencia de ella propicia a que se aplique la ley del más fuerte”, dice.

Pero precisa que no buscan frenar la libertad de expresión en la región. “Al contrario de lo que piensan los medios de comunicación, la libertad de expresión no es de su propiedad, es un atributo suyo para garantizar el derecho, la libertad de informarse del ciudadano. Hay un debate interesante que está sucediendo en todo el mundo y en América Latina, particularmente, donde se comienza a intentar modificar los sistemas nacionales de comunicación, creados en su mayoría en periodos autoritarios, de dictaduras; en los que los medios, de una manera general, contribuyeron bien con su silencio, o con complicidad”.

Lo que se está intentando, explica Gustavo Graneros, vicepresidente de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) es que, a partir de la experiencia argentina y los esfuerzos de diferentes países,  se replique un modelo en Latinoamérica que tienda a democratizar esa actividad y poder tener más voz en la región, ante la llegada de cadenas nacionales e internacionales.

“Vamos generando diferentes situaciones de construcción de la noticia en donde el interés económico supera al interés de la sociedad, que es la propietaria de la información y por eso se lucha en los diferentes países para democratizar la información”, añade.

Pero ambos destacan que es importante que las normas surjan como producto de un debate social en el que participen dueños de los medios, periodistas y organizaciones civiles. Que se originen desde el Ejecutivo, como pasa en Bolivia, Ecuador y Uruguay, y no se llegue a permitir el aporte de los grupos sociales, solo puede dar como resultado una ley autoritaria, coinciden.

Perú fijó el límite de propiedad en un 40%

En Perú la iniciativa para crear la Ley de Radio y Televisión surgió desde la sociedad civil, en el 2004, recuerda Rosa María Alfaro, directora de la Asociación de Comunicadores Sociales de Perú, Calandria, y coordinadora de la Red Latinoamericana de Observatorios de Medios Privados y Públicos.

Esto, luego de lo que ella denomina una traumática experiencia durante la presidencia  de Alberto Fujimori, cuando se reveló mediante los famosos Vladivideos, “cómo el gobierno le entregaba billetes a montones, edificios de dinero a los dueños de los medios de comunicación, para que lo apoyaran”.

En el tema de la propiedad, ellos proponían que se fije que una empresa pueda tener como límite hasta el 30% de los medios dentro de un mismo territorio; mientras que el sector privado impulsaba un 51%. Después de un largo debate se fijó el límite en un 40%. De los 84 artículos que conforman la ley, 34 se acogieron íntegramente de la propuesta ciudadana.

Fijar esas reglas asegura Alfaro,  ayuda en Perú a  que haya más pluralidad no solo en la propiedad sino también en los contenidos que se transmiten en los medios. Como un ejemplo duro de la concentración expuso lo que sucede en México, donde un solo grupo concentra a todos los medios de comunicación. Ese  exceso, dice, llevó a que otros países trabajen en propuestas similares.

En Argentina, el 33% de las frecuencias se reserva para ONG´s

En Argentina, surgieron cuestionamientos a la norma aprobada en octubre del 2009 por el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, -que también fue calificada como Ley Mordaza-, se aseguró que la ley estaba dirigida contra el grupo El Clarín por una disputa que mantenía el régimen con este consorcio.

El Gobierno quitó la concesión de los partidos del Campeonato  Nacional de Fútbol argentino al Clarín, que por 18 años tuvo los derechos de emisión a través de su canal de cable (Cablevisión). El régimen decidió transmitirlos por señal abierta, gratuitamente.

El Clarín posee, además de Cablevisión, la señal de 24 horas, Todo Noticias, radio Mitre, Canal 13 de televisión abierta, medios impresos, y unos 250 medios electrónicos en distintas partes del país. Además ofrece servicios de televisión por UHF en Montevideo y de cable en el interior de Uruguay

Para Mauricio Rodas, director de la Fundación Ethos, dedicada al monitoreo de Medios de Comunicación, en este caso, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue formulada con dedicatoria a ese grupo.  “Porque este se había manifestado en contra de ciertos postulados del gobierno de Fernández. Ahí vemos una formulación de legislación, para efectos de acallar ciertos sectores mediáticos contrarios a los intereses del Gobierno”, dice.

Pero la lucha por la ley se inició antes, explica el argentino Gustavo Graneros. “La historia de la democracia de los medios viene desde antes de la dictadura de los 70 donde se eliminaron a los cuadros que la impulsaron. En los 80 se impulsan los gremios de Prensa en la Legislación, después la Confederación de Sindicatos de Medios impulsó un proyecto que no tuvo asidero. Fue la Coalición por la Radiodifusión Democrática quienes elaboraron un anteproyecto de ley que se presentó a la Presidenta Fernández”.

Graneros asegura que la norma argentina es una de las leyes más horizontales que hay en la historia de ese país. “No es una ley en contra de Clarín, es en todo caso una ley contra la concentración de los medios en cualquier parte del país, no solo en Buenos Aires. También tenemos el grupo UNO, grupos provinciales que también son dueños de la mayoría de medios”, indica.

La norma argentina, en la que ahora se reserva el 33% del espectro radioeléctrico para organizaciones sin fines de lucro, fue elogiada incluso por el relator especial de la ONU para la libertad de opinión y expresión, Frank La Rue. “La ley garantiza el pluralismo, el acceso de todos los sectores a las frecuencias de radio y televisión, y es un avance en América Latina frente a la progresiva concentración de medios”, aseguró el relator.