La Sala de Sorteos está en la planta baja del edificio de la Corte Provincial de Justicia de Guayas. Ahí todos los días los usuarios ingresan los juicios que luego son sorteados electrónicamente.

La falta de personal, tanto de jueces como de los otros miembros de los juzgados, es uno de los problemas recurrentes en la Función Judicial. Luis Hidalgo, gerente de Lexis, empresa que se dedica al análisis y publicación de temas legales, ratifica que la demanda supera a la oferta que tiene el sistema de Justicia. “El problema viene desde los años 1940, siempre han quedado rezagados juicios por la falta de capacidad instalada en las Cortes”.

Hidalgo considera que para resolver el tema se debe empezar por encontrar la punta del ovillo, esto es, haciendo un estudio sobre las áreas que tienen un mayor represamiento de las causas, eso permitirá indicar cuántos juzgados deben aumentar y a su vez, un promedio de gasto por cada uno de esos juzgados que permita estimar cuál será el real presupuesto que requiere la Función Judicial.

El magistrado Hernán Ulloa, presidente de la Primera Sala de lo Penal, considera que fue un error reducir el número de jueces dentro de la Corte Nacional de Justicia, por lo cual cree necesario regresar  al sistema anterior de 31 jueces. Además sostiene que se requiere de apoyo de asesores y de instrumentos tecnológicos modernos.

Ulloa señala que los jueces no tienen un staff de abogados, consejeros o asesores. “Nosotros mismos tenemos que resolver todas las causas. Eso obstruye una diligente administración de justicia”. De ahí que en corto plazo, indica, por lo menos cada uno de los jueces debería tener uno o dos asesores. “No es que ellos van a dictar la sentencia, pero sí le van a dar a uno por lo menos un resumen del juicio, una memoria del juicio y eso hace más fácil la resolución”, indica.

En las Salas de lo Penal, explica hay juicios que tienen tres cuerpos (300 páginas) pero otros tienen desde 80 hasta 100 cuerpos, lo que puede tomar varias semanas de revisión. “Recuerde que el juicio Filanbanco tenía represado seis años, y nosotros lo resolvimos en tres meses. Pero nos tomó 90 días revisar más de 30 mil fojas”, expresa.

En total, en cada Sala Especializada de la CNJ hay 20 personas de apoyo, entre secretarios, oficiales mayores y ayudantes judiciales, pero la decisión de las causas las realiza directamente el juez.

Mauro Terán, ex magistrado de la Corte de Justicia del 2008, señala que se requiere por lo menos aumentar al doble el número de jueces que actualmente existen. Pero que eso debe ir de la mano con un verdadero cambio procesal. “La solución es como las cuatro patas de una mesa, si se alarga una se desequilibran las otras”.

La oralidad agilitaría el sistema

La oralidad en todos los procesos judiciales es un tema pendiente, señala Terán. En especial en las áreas sensibles como los juzgados de la Niñez y los de Tránsito, pues tienen una mayor carga de procesos. “Ese tipo de juicios orales reducen el tiempo y la posibilidad de corrupción de los funcionarios y el incidentalismo (incidentes que promueven los abogados: recusando jueces o apelando providencias). En el juicio oral no suceden esas cosas”.

Pero aclara que para que ese sistema funcione se requiere de jueces muy bien capacitados que puedan apreciar las pruebas orales y en función de ellas dictar un fallo. “Pero nada de eso entendieron en Montecristi”.

Luis Hidalgo, coincide en que la justicia oral en causas civiles, por ejemplo juicios de inquilinato, de despido intempestivo o por una letra de cambio se pueden solucionar en 15 días máximo. “Y no como ahora que se toma de cuatro a cinco años por el trámite formalista y escrito que está dado desde el siglo 19”.

Ulloa en cambio, sostiene que aunque en las reformas al Código de Procedimiento Penal se estableció la oralidad para causas como la revocatoria de orden de prisión, audiencia de formulación de cargos, recursos de revisión y casación, su eficiencia es a medias.

“Se estableció que todos los pedidos en el área penal, son orales, pero nos hemos convertido en verdaderos tribunales penales, hacemos audiencias todos los días, pero no podemos evacuar. Pese a ser orales tenemos que transcribir y luego notificar por escrito y ni siquiera tenemos una grabadora moderna. Se hace doble trabajo porque no es del todo oral, solo lo es en la exposición”, explica el Magistrado.

La tecnificación también es una tarea incompleta, la cual, según Hidalgo, podría ayudar a solucionar el represamiento de las causas. “En 1997 se hizo la instalación de la tecnología en las cortes, los que respondieron fueron Guayas y Azuay, pero aún no se ha culminado ese proceso de tecnificación. Hay un computador central donde se mete toda la información de los juzgados y un programa que centraliza toda la información,  no es tan útil”.

El director del Consejo de la Judicatura en Guayas, Fernando Yávar, ha reiterado que es importante el tema de la inversión para mejorar el sistema de justicia. Sin embargo, explicó que eso es un proceso que lleva tiempo.

Expresó que actualmente un juzgado cuesta alrededor de 200 mil dólares.