A un año y medio de la reorganización de las Cortes de Justicia, el represamiento de las causas sigue siendo una constante en los juzgados del país.

Pese a las reformas judiciales no se ha logrado evitar el represamiento de juicios en las salas especializadas. El Gobierno ha disminuido los plazos de archivo y abandono de los procesos, dispuso que las acciones constitucionales sean tramitadas por todos los juzgados, y aumentó el número de judicaturas, pero en Guayas de las 148 mil causas ingresadas en el 2009, no todas alcanzan un fallo definitivo.

Pedidos de suspensión de jueces, quejas por las resoluciones en procesos polémicos, denuncias por los retrasos en los fallos y miles de causas represadas son hasta ahora algunos de los resultados de la reorganización de la Función Judicial, que se concretó en diciembre de 2008.

Un año y medio después, solo en la Corte Nacional de Justicia existen casi 7.800 causas pendientes, el 31% están repartidas entre las dos Salas de lo Penal, otro 32% están en las Salas de lo Laboral y el resto se reparte entre las salas de lo Civil y Mercantil (16%), de lo Contencioso Administrativo (15%) y de lo Contencioso Tributario (6%). (Ver cuadro)

Mientras que en las cortes provinciales como la de Guayas, pese al aumento de juzgados para temas de la Niñez y Adolescencia,  de Trabajo, y de Tribunales, en el caso del área penal; el represamiento de las causas no mejora. Según informes del Consejo de la Judicatura del Guayas, se sortearon 148.355 procesos en el 2009 en los juzgados Penales, Civiles, de Tránsito, Trabajo, Inquilinato,  de Menores y Constitucionales de esa provincia.

La mayor parte de los procesos pertenecen al área penal que agrupa 46.226 causas; le sigue el de inquilinato con 36.336, el civil (25.403),  de menores (22.951), trabajo (14.656), tránsito (2.171) y Constitucional (612). A estas estadísticas se suman otros casos que estudian los funcionarios judiciales,  que no pasan por la sala de sorteos, como las contravenciones en los juzgados de Tránsito; y los sumarios de permisos de salida, abandono de hogar y otros, que tratan los de la Niñez y Adolescencia.

A esos procesos se suman otros 70.037 juicios, que recibieron los juzgados desde el 1 de enero hasta el 8 de julio de este año, en los que también predominan los de tipo penal.

Del monto total de reclamos en Guayas (2009 y lo que va del 2010), el Consejo de la Judicatura, ente regulador de la Función Judicial, no ha especificado cifras sobre la cantidad de juicios despachados y los que han llegado a una resolución.

Crítica a jueces y magistrados

En los últimos seis meses, los cuestionamientos hacia los jueces y magistrados han sido recurrentes desde el Gobierno y la Fiscalía. Las sanciones que impuso el Consejo de la Judicatura a varios jueces por sus sentencias (caso Isaías y caso Esmeraldas como los más recientes) fue motivo de crítica. También lo fue la lista que publicó el Ministerio de Justicia respecto a los jueces que supuestamente retrasan la resolución de causas, provocando que caduquen las prisiones preventivas.

Mauro Terán, ex magistrado de la denominada Corte Suprema de Justicia (CSJ) del 2008, tiene una explicación para esos hechos. Sostiene que el esquema de administración de justicia previsto en la Constitución no funciona porque es retardatario y va en contra de los principios de administración de justicia. “Se redujo las salas de la corte, luego el nivel jerárquico de las cortes nacionales y provinciales, se congeló el presupuesto de la administración de Justicia y se condenó a que todos sus mecanismos operativos disminuyan. Además crearon un órgano de poder absolutista como el Consejo de la Judicatura, lo que diga y ordene es la voz mandante por encima de la Ley y de la Jurisprudencia”.

Terán señala que la Corte del 2008 empezó cambios en las cortes superiores, uno de ellos, establecer un plan de desarrollo de la administración de justicia, que establecía procesos anuales y quinquenales para temas operativos, estructurales y procesales, encaminados hacia la oralidad de la justicia. “Pero todo esto los sabios de Montecristi lo echaron al canasto y estamos viendo que cada vez más colapsa la administración de justicia. Y no se ve salida porque ellos no van reconocer que cometieron un error”.

El ex magistrado considera que el problema no es solo el número de las causas pendientes. Para él, el Consejo de la Judicatura es un obstáculo, además de la limitación presupuestaria de la CNJ. “Se planteó que un 5% del presupuesto anual del Estado se destine a la administración de justicia. Pero se olvidan que hace falta la capacitación, eso es fundamental. Además se necesitan recursos para establecer una infraestructura racional. Veo que el edificio de los juzgados lo van a entregar para oficinas de los asambleístas, dónde van a funcionar entonces los juzgados”, cuestiona.