Activistas están preocupados porque se creen controles a las organizaciones de DD.HH.

Pese a que se tiene claro que el Ministerio de Defensa y Derechos Humanos nació con una buena intención, la de hacer políticas públicas con enfoque en Derechos Humanos, genera duda que con su creación y de la Subsecretaría de Derechos Humanos, actualmente, ya  no exista un proyecto en el que no esté involucrada esa Secretaría de Estado, a decir de Rommel Jurado, abogado de DD.HH.

“Entonces el Estado empieza a ser juez y parte. Cuando antes los organismos de derechos humanos hacían sus proyectos desde su propia visión, con absoluta independencia”, dice. Sin embargo destaca que desde el Ministerio,  hubo la apertura en un inicio de impulsar procesos de reformas legales con el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil, pero estas no han tenido buen término.

Como ejemplo, relata la experiencia de un comité formado para elaborar un proyecto de ley de Movilidad, que no fue del gusto del Ministerio de Justicia y fue rechazado. “En principio había esa voluntad de que elabore el proyecto con la vigilancia del Gobierno estas propuestas de ley, pero cuando no resultaban del gusto del Ministerio se descartaba ese proyecto y se contrataba consultores”, cuenta.

Para Luis Antonio Saavedra, del Inredh, quien asegura que su organización ya ha trabajado en proyectos con la Subsecretaría de Derechos Humanos, la función de esta es fomentar y proteger los derechos humanos a través de la generación de políticas y programas.

Pero también añade, que conoce que hay una intención del Régimen de regularizar el sistema de las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) a través de un registro. “Nosotros creemos que un sistema de registro es adecuado pero lo que no vamos a aceptar  es un control político”, indica y asegura que esto ya se da a través de otras instituciones.

Precisa además que se confunde a los organismos que realmente trabajan  por los derechos humanos y otras que más bien buscan una plataforma  electoral, y que es a esas a las que debería controlarse. “No hay un número determinado, en los últimos dos años han aparecido un sinnúmero de organizaciones de derechos humanos, muchas de ellas generadas desde ONGs  interesadas políticamente”.

Pero al controlar ese tipo de abusos, que puede haberlos según Gina Benavides, del Programa de DD.HH. de la Universidad Andina, se haría una clara injerencia del Estado sobre el accionar de las organizaciones de Derechos Humanos.

“Por una parte están captando proyectos específicos que se financian o se hacen en coordinación del Estado, pero en otros casos, si no estas en la línea del Gobierno, se establecen mecanismo legales para que no sigan funcionando”, explica. Como ejemplo pone el caso de Acción Ecológica. “El año pasado fue público todo el proceso que sufrió Acción Ecológica donde se le quiso decir que no tenia personería jurídica porque se inscribió en un Ministerio que no correspondía. Se están creando formas de restricción a las actividades que realizan las organizaciones de derechos humanos que hacen oposición al Gobierno”, advierte.

Sobre este tema ya hay acciones legales incluso.