Que defensores históricos ingresen a la filas del Gobierno es visto por algunos como una debilidad de los grupos de DD.HH. y por otros como una fortaleza.

Que la política haya incursionado en las organizaciones de Derechos Humanos es una de las razones por las que se daría este debilitamiento en los grupos de Derechos Humanos, según Rommel Jurado, abogado y catedrático de la Flacso. Esto basado en que algunos funcionarios del Gobierno Nacional salieron de entidades sociales. Un primer ejemplo de ello fue el ex ministro de Gobierno, Gustavo Larrea, que fue miembro y director regional de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (Aldhu) entre 1997 y el 2006.

A él se sumaron otros cuadros como el ex Ministro de Justicia Néstor Arbito. Él fue integrante de Pro Justicia entre los años 2000 y 2006; y director Ejecutivo del mismo grupo en 2007. Antes de ser Ministro en el 2009, fue Subsecretario de Coordinación Interinstitucional del mismo ministerio, desde 2008.

Doris Solíz, ex ministra de Turismo, de Patrimonio Cultural y actual Ministra de la Política también trabajó en grupos de Derechos Humanos. En los años 90 promovió los derechos de las mujeres y las comunidades rurales y  creó la fundación Servicios para un Desarrollo Alternativo del Sur (Sendas) en alianza con la cooperación Belga.

Y en la lista aparecen más funcionarios. El actual defensor del Pueblo, Fernando Gutiérrez, también tiene una amplia trayectoria en DD.HH. Es miembro fundador y Secretario Ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, desde 1982.

También esta Ramiro Ávila, catedrático y Director de la Clínica de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, quien es actualmente Subsecretario de Desarrollo Normativo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; Gabriela Espinoza Serrano, actual directora de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia fue integrante de Inredh; mientras que Patricia Salazar Pazmiño,  que fue Subsecretaria de DD.HH hasta el lunes pasado, se ha desempeñado como Coordinadora en el Fondo Justicia y en la Sociedad de la Fundación Esquel, también integró Pro Justicia.

Se añade a este grupo Ramiro Rivadeneira, que se desempeña como Subsecretario de Asesoría Jurídica del Ministerio de Gobierno, y quien fue socio del Inredh desde 1998 hasta antes de ocupar su cargo; Alexis Ponce, uno de los fundadores de APDH, en cambio, se convirtió en asesor del asambleísta de PAÍS, Eduardo Alcívar; y así suman otros como Alexandra Ocles, Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, quien también fue parte de Fundación Esquel y ha promovido los derechos de los Afroecuatorianos.

Jurado agrega que a esta incursión en la política hay que explicarla en un contexto: los dirigentes sociales y de izquierda creyeron en el modelo de la revolución ciudadana. “Eso debilitó al movimiento de DD.HH porque muchos de sus cuadros fueron a  trabajar en el gobierno, algunos se salieron a los pocos meses porque consideraron que el régimen  no estaba haciendo lo que había prometido, y otras personas siguieron trabajando”.

¿Un beneficio o doble discurso?

La participación de expertos en DD.HH en el Gobierno de todas formas generó una esperanza de que se podía actuar mejor con el Estado agrega Gina Benavides, docente del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Andina. “Mucha de la gente que ha decidido entrar al Gobierno lo hizo inicialmente con una voluntad de ver si dentro del Estado se pueden generar políticas de cambios”, dice. Pero con ello también llegó la decepción.

Sin embargo, precisa Jurado, lo que ha hecho el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos es establecer relaciones muy directas con los organismos y las fuentes de financiamiento de cooperación internacional. “Esto que en un principio parecía ser beneficioso, ha terminado siendo perjudicial porque cuando alguien controla a los fondos y al mismo tiempo tiene relación con las organizaciones de DD.HH, entonces se puede perder independencia”.

Esa falta de independencia, asegura, es la que incide en el debilitamiento y para comprobarlo basta con revisar la prensa de los últimos tres años, añade.  “Desde el 2007, en muy pocas, en muy contadas ocasiones, los líderes históricos del movimiento de derechos humanos  han hecho pronunciamientos públicos sobre la situación de derechos humanos. Es decir que ha habido un vacío, una ausencia no ha habido una posición crítica en la actuación de este Gobierno, en esa materia”, dice.

Pero según Luis ángel Saavedra, organizaciones como la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), de donde salieron cuatro de los  integrantes de la Asamblea de este organismo para ir al Estado, se tomó medidas para garantizar esa independencia. Aunque prefiere no precisar nombres, explica que cuando estas personas fueron llamadas por el Régimen, se les pidió que dejen este órgano. “Porque no es factible que puedan analizar de manera libre el accionar de una organización y al mismo tiempo el accionar de un gobierno”.

La asamblea del Inredh es la que genera las orientaciones políticas de la organización y la conforman 16 personas.

Gina Benavides considera, en lo personal, que el Gobierno utiliza el discurso de los Derechos Humanos, al igual que el hecho de haber creado una Constitución que garantiza esos derechos. “A través de ella (la Carta Magna) pretende señalar que tenemos un modelo constitucional garantista, que tenemos un proceso de cambios, que el Estado no puede violar DD.HH, pero no es así. Evidentemente hay este uso y lastimosamente hay funcionarios que antes eran de Derechos Humanos, y que ahora están en el Estado que utilizan también este discurso para no enfrentar la necesidad de reformas profundas que permitan garantizar los derechos humanos en el país”.

Sin embargo, en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH),, se mantiene la esperanza dice Anaité Vargas, representante de ese grupo.  “Nosotros consideramos que los derechos humanos no es una actividad de única responsabilidad de quienes trabajamos en la defensa de ello. En ese sentido nos parece, de alguna manera interesante, que haya personas que hicieron escuela en DD.HH en distintas áreas del Gobierno. Creemos que desde esas áreas pueden buscar cambios estructurales, pero entendemos que la posibilidad de cambiar una estructura del Estado que tiene más de 30 años, debe ser complejo hacerlo de la noche a la mañana”.