Medidas como la creación de juzgados de flagrancia no llegaron a ayudar en la carga procesal a las judicaturas penales.

Uno de los principales justificativos de los jueces de Garantías Penales respecto a la demora en el tratamiento de las causas es la carga procesal. Por ello, los funcionarios venían solicitando desde hace tiempo la creación de nuevas judicaturas y de personal.

Ante el constante pedido se crearon cuatro juzgados penales más en el Guayas (el 26º,27º y 28º y 29º) a los que se les añadió el título de flagrancia porque sus responsables debían turnarse las 24 horas las audiencias en la Policía Judicial del Guayas (PJ-G), trabajo que hacían los jueces penales.

El objetivo era que al dejar de asistir a la PJ-G, los jueces de Garantías Penales, que reciben de 1.500 a 2.000 causas por año, tengan más tiempo para despachar procesos.

Sin embargo, la medida no tuvo el efecto deseado entre los jueces, pues los casos que se tratan en las audiencias en PJ-G igual se sortean y siguen su curso en los juzgados de Garantías Penales, indicó el director provincial del Consejo de la Judicatura, Fernando Yávar.

“Lo único que les quitó de encima (a los jueces) es uno o dos días del mes de trabajo fuera de la oficina porque igual trabajaban en la Policía Judicial haciendo las audiencias. Lo que pasa es que antes ellos hacían las audiencias y se quedaban con el caso, ahora con la creación de los jueces de turno en la PJ los cuatro jueces rotan y ellos hacen las audiencias, pero terminada la audiencia ellos se desentienden del caso y mandan a sorteo y ahí vienen para acá (a la corte)…”, dijo Yávar.

Explicó que lo positivo de ello es que los jueces ya no extienden sus horas de trabajo hasta 10 horas al día como antes, pero eso no ha significado una reducción del trabajo que tienen los juzgados penales. Aunque añadió que otro factor que incide son las desestimaciones que llegan de la Fiscalía; también las acciones constitucionales.