Cientos de presos han salido en libertad, de enero del 2009 a junio del 2010, por la caducidad de la prisión preventiva de unos 1.400 procesos, según el Ministerio de Justicia.

La presentación de un listado del Gobierno en el que se evidencia que 61 funcionarios judiciales, habrían  permitido la caducidad de la prisión preventiva de cientos de presos en 1.405 procesos aviva la pugna entre jueces y fiscales por el lento despacho de los juicios. También se responsabiliza a defensores e imputados de utilizar un sinnúmero de artificios legales para cumplir el año sin sentencia y por ende obtener su libertad.

“A veces los detenidos están más enterados que uno de las leyes. Mire usted, cuando van a una audiencia de juzgamiento hacen de todo: se tiran al suelo, fingen que se sienten mal, se ponen a temblar diciendo que son epilépticos, son muy buenos actores. He visto de todo un poco en esta profesión”.

Con estas palabras un abogado particular, que prefirió la reserva de su nombre, describe lo que a su parecer, son las razones por las cuales se dilatan los procesos para que los acusados de un delito logren la caducidad de su prisión preventiva. Este “recurso” es uno de los llamados artificios legales causantes de que 2.280 audiencias de las 6.854 registradas como fallidas de enero a noviembre del 2009, no se hayan realizado.

En ese tiempo se hicieron 18.104 diligencias de este tipo, según la información que entregaron los juzgados de Garantías Penales al Consejo de la Judicatura, que luego fue presentada en rueda de prensa por Ángel Rubio Game, juez primero de Garantías Penales y presidente de la Federación Nacional de Empleados Judiciales del Ecuador (Fenaje).

Rubio convocó a la prensa una semana después de que el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Serrano, hiciera pública una lista donde constan los nombres de 61 funcionarios judiciales, entre titulares de juzgados, miembros de Tribunales y Salas de Garantías Penales, que serían responsables de  haber liberado a  poco más de mil reos por la caducidad de 1.405 casos, de enero del 2009 a junio del 2010.

Frente a las críticas de Serrano, que luego entregó el documento con el nombre de los supuestos involucrados de la salida de presos al Consejo de la Judicatura, Rubio manifestó que se debe conformar una comisión que investigue las causas de las caducidades. Pero añadió que los jueces solo cumplen las reformas penales establecidas por la Asamblea Nacional, que entre otras cosas señala el uso de medidas alternas a la prisión.

La pugna por el lento despacho de las causas entre jueces y fiscales viene desde hace años; y antes de que el ministro de Justicia mostrara la lista, tuvo un último pico, cuando Xavier Arosemena, dejó la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura, en julio del 2009.

El funcionario mostró cifras del organismo que señalan que de enero a mayo de ese año, 1.507 audiencias de juzgamiento resultaron fallidas en los tribunales de Garantías Penales por responsabilidad de la Fiscalía, pues sus agentes se ausentaron en 1.049 de estas diligencias.

Hubo otras reuniones entre jueces y fiscales por la aplicación de las medidas cautelares, que a criterio del Ministerio Público, son utilizadas en exceso por los titulares de los juzgados de Garantías Penales. Esto, porque hay casos de apresados por violaciones y tentativa de asesinato con sanciones como presentación cada cierto tiempo en los juzgados o la prohibición de salir del país, menos la prisión.

Por el aumento de delitos en Guayaquil ambos grupos tuvieron una cita en la Corte del Guayas, en diciembre del 2009, donde acordaron dar prisión preventiva a los detenidos en delitos graves como violación, asesinato y robo gravado pero aquello “quedó en el aire”, dijo un fiscal.

Pero mientras los jueces de Garantías Penales de la Corte Provincial, sostienen a través de sus voceros, que lo que hacen es seguir con las reformas penales, que promueve el uso de la prisión preventiva como última opción para un detenido; la Fiscalía, al menos de la del Guayas, se concentra en la coordinación de las audiencias de sus agentes para que estos logren asistir al mayor número de citas  posibles, a través de una unidad especial.