Las escuelas judiciales son una necesidad en la justicia ecuatoriana

Los presidentes del Consejo de la Judicatura, de la República y la Corte de Justicia acudieron a la cita Judicial de la Unasur.

Una de las conclusiones a las que llegaron los representantes de Unasur en su última cita fue la necesidad de crear escuelas judiciales en la región. Analistas coinciden con esta idea y hablan de su aplicación en el país.

Crear un Centro de Educación regional para la capacitación de los funcionarios judiciales con sede en Bolivia fue una de las decisiones a las que se llegó en la V Cumbre de los Poderes Judiciales de la Unasur, que terminó el viernes último en Cuenca.

Esto luego de analizar, durante tres días, la necesidad de que existen escuelas similares en cada uno de los países miembros de la Unión de Naciones Suramericanas. Para ello se tomo en cuenta que países como Uruguay, Chile y Argentina si cuentan con sus escuelas judiciales, donde un juez debe pasar por un proceso para llegar a una magistratura.

Este debate puso en evidencia que esta es también una falencia en el país que es reconocida por Benjamín Cevallos, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ). Él sostiene que es importante que los jueces se capaciten de manera especial antes de llegar a las magistraturas.

“En Ecuador, lanzamos el proceso de la oralidad sin estar capacitados. En Uruguay, antes de lanzar ese proceso prepararon a los jueces y los funcionarios correspondientes durante dos años. Una vez que estuvieron preparados, empezó a implementarse el proceso de oralidad”, cita como ejemplo el funcionario.

Cevallos prevé que para el futuro, y como contempla la Constitución y el Código Orgánico de la Función Judicial, la situación cambie. “Si alguien se gradúa de abogado, sigue y quiere pertenecer a la función judicial, ingresa primero a la escuela; la escuela tiene que cubrir durante dos años la siguiente etapa cultura-general, especializada y luego la práctica”, señala.

Los mejor puntuados se elegirán inmediatamente como jueces y los demás formaran un banco de postulantes, de tal manera que en el futuro no habría necesidad de hacer concursos para elegir a los jueces como se hizo con la Corte de Justicia actual.

El Fiscal Antonio Gagliardo, asegura que en la institución que dirige sí se aplica la formación de funcionarios y se hace de manera periódica, invitando incluso a otros operadores del sistema judicial. “Sería bueno que coordinen las dos escuelas para capacitar tanto a jueces como a fiscales de manera conjunta”, indica, para obtener mejores resultados.

Enrique Tamariz, ex vocal del Consejo Nacional de la Judicatura, explica que entre 1998 y 2004 se inició un proceso para que funcione la Escuela Judicial, pero por falta de financiamiento esto no se concretó.

“Lo adecuado es montar una estructura que administre la escuela y contratar los servicios especializados a través de licitaciones, de paquetes licitatorios entre las universidades o entre profesionales que puedan aportar sus conocimientos para cada uno de los cursos”, aconseja Tamariz.

Pero actualmente, sí existe un proceso de formación del área judicial que se da en una oficina técnica explica Ángel Rubio, Director de la Fenaje (Federación Nacional de empleados Judiciales del Ecuador). “En este momento está llevando a cabo (la unidad técnica) programas que sin lugar a dudas están dando los primeros pasos en forma acertada pero que necesita el apoyo presupuestario que actualmente no lo tiene”, sostiene.

Sin embargo, Mauro Terán, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, considera que de crearse una escuela no debería estar a cargo del CJ, para garantizar una total independencia. “Tendrían que depender de algún ente universitario. Tiene que ser un órgano académico, oficial el que se haga cargo de este tipo de capacitación para que sea real, si no, es una farsa”.

Pero Terán piensa que el problema del sistema Judicial no radica solo en su instrucción. “No se entiende el problema de la administración de Justicia, en Montecristi tampoco lo entendieron. Por eso es que prácticamente esta colapsada la administración de Justicia, y el esquema que previeron en la Constitución es un esquema inviable”.

Comenta que durante su periodo como Magistrado se propuso un incremento en el presupuesto para corregir errores y falencias pero que no fue tomado en cuenta. “En lo financiero es la cenicienta de las funciones (la Función Judicial). Nosotros planteábamos que debería dedicarse un 5% del presupuesto nacional a la administración de Justicia, con ese porcentaje, era una fortuna con la que podíamos llevar adelante grandes cambios en la administración, pero ni eso entendieron los señores”, critica Terán.

Los entrevistados concuerdan en que muchos de las falencias que hay en la administración de la Justicia se deben a la falta de una educación especializada para ser Magistrado y que la creación de una escuela judicial más que una opción, es una necesidad.

La sexta cumbre de los Poderes Judiciales se llevará a cabo en Brasil el próximo año, hasta ese época se espera haber avanzado en las estructuración de la escuela regional para procurar un manejo más adecuado de la Justicia en el los países miembros de la Unasur.

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