Como Colombia no reconoce la jurisdicción del juez de Sucumbíos, la notificación para ejecutar la orden de prisión no tendrá respuesta en ese gobierno. Pese a las declaraciones de las autoridades ecuatorianas, no se puede ejecutar un proceso de extradición sin la cooperación del país involucrado, afirman ex cancilleres.

El proceso legal en contra del candidato presidencial colombiano Juan Manuel Santos no pasa de ser un show político pues, a criterio de los analistas consultados por Buró de Análisis, la orden de prisión en su contra, por el caso Angostura, no llegará a concretarse.

El lunes pasado, el juez Primero de lo Penal de Sucumbíos, Daniel Méndez, dispuso una notificación oficial a Santos por el proceso en su contra relacionado con el bombardeo de Angostura. Tras ese ataque, comenzó en Ecuador un proceso judicial en el que se implicó al ex Ministro de Defensa de Colombia por presuntamente atentar contra la seguridad del Estado, en cuyo marco se emitió además una orden de prisión preventiva con fines de investigación.

La notificación, según el propio Méndez, se haría desde Cancillería con el fin de que Santos conozca sobre el juicio pendiente en su contra. Pero según Antonio Parra Gil, ex Canciller de la República, esa notificación no tendrá respuesta en el lado colombiano. Parra explica que para notificar un proceso legal en el exterior, hay una Convención Interamericana de Exhortos por la cual se requiere mandar una carta rogatoria.

El procedimiento inicia en el juzgado que lleva la causa, el cual manda la notificación al Presidente de la Corte Provincial, este a su vez la envía al Presidente de la Corte Nacional, quien lo remite a la Cancillería. Desde ahí se manda la carta rogatoria a la Cancillería colombiana, en este caso, y luego de ahí se remite a la Corte Nacional de ese país. Ahí pasa a un juzgado que es quien está encargado de hacer la notificación a Juan Manuel Santos. “Pero la Cancillería colombiana para esa notificación y la devuelve porque no reconocen la jurisdicción del juez ecuatoriano”.

Otra forma, señala, es enviarla directamente a la Embajada colombiana en Ecuador para que de ahí pase a la Cancillería de ese país. “Pero una vez más el proceso sería frenado y Santos al final no recibiría esa notificación”.

El gobierno colombiano ratificó el martes pasado que desconoce la autoridad del juez provincial de Sucumbíos, por considerar que no tiene jurisdicción. Y eso lo ratifica Parra Gil, pues señala que las sentencias emitidas por ese juzgado no tienen jurisdicción territorial en Colombia. “En todo juicio tiene que estar debidamente notificado el sindicado. Y si no es así, aunque se lo puede juzgar en ausencia, no se podrá aplicar ninguna sentencia”.

El ex subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos Estarellas, señala que para que exista un proceso de extradición este debe basarse en la asistencia mutua de dos Estados para la lucha contra un delito. En la extradición hay dos partes: la activa, que es cuando el Estado donde se cometió el delito solicita la entrega del presunto infractor; y la pasiva, que es cuando el Estado donde se encuentra el presunto infractor tiene que entregarlo. “Pero no se necesita ser adivino para darnos cuenta que no va a pasar, porque Colombia se basa en que esto es un asunto político en contra del ex Ministro de Defensa. Si es entre dos partes y no va a ver coordinación entre ellos, va a fracasar la extradición”, indica.

Estarellas dice que la historia no favorece al país, pues de nueve solicitudes de extradición en contra de ciudadanos, cuyos delitos fueron comprobados, apenas se concretaron tres (Alejandro Peñafiel, Eduardo Sierra Casals y Edmundo Peñaranda)

Otro elemento que imposibilita el juzgamiento, es que en todas las constituciones del mundo tienen un principio: no se concede la extradición de nacionales (salvo en Colombia que se hizo una excepción para el caso de narcotráfico). “Por lo tanto, no se va a entregar al señor Santos, así gane o pierda la Presidencia de la República”.

Las posturas oficiales

Al final de la Cumbre Unión Europea – América Latina, tanto el presidente ecuatoriano Rafael Correa como el colombiano Álvaro Uribe defendieron sus posturas sobre el juicio de Santos. “El Estado colombiano tiene que darle toda la protección a nuestro ministro. No podemos abandonar a quienes libran batallas contra el terrorismo”, dijo Uribe. Y agregó que el mantenimiento de esa orden de prisión afecta al proceso de restablecimiento de las relaciones bilaterales, rotas desde marzo de 2008.

Mientras, Correa negó una injerencia en el poder judicial. “Los poderes son independientes. ¿Qué tengo que ver yo?”. Sin embargo, ratificó su apoyo a la actuación del juez de Sucumbíos. “En Ecuador se investigan delitos. Por supuesto estoy de acuerdo en que se investigue el delito cometido el 1 de marzo de 2008 en el que murieron 26 personas”, dijo el mandatario en Madrid.

Incluso los contendores políticos de la actual campaña electoral colombiana apoyaron a Santos durante el debate presidencial del pasado martes.

Germán Vargas Lleras dijo que era inconveniente la intromisión de Correa pues viola el más elemental principio del derecho internacional: no entrometerse en asuntos de ningún país y con mayor razón tratándose de la campaña electoral. Rafael Pardo, por su parte, agregó que la justicia ecuatoriana no tiene ninguna competencia para juzgar ni al doctor Santos ni a ningún funcionario colombiano por la acción que fue una decisión de Gobierno.

Una postura similar tuvo Noemí Sanín, quien criticó que exista una intromisión justo en época electoral. Antanas Mockus, en tanto, consideró la acción como un sin sentido jurídico al tiempo de ratificar su apoyo al candidato Santos. Este último agregó que en ningún sistema internacional un juez puede personalizar una acción de Estado.

“Lo que se está haciendo es un show, este es un proceso que va a ser fallido”, concluye Estarellas.

Postura en la que coincide Antonio Parra, quien asegura además que la acción legal no empañará la campaña presidencial de Santos, a pocos días de las elecciones. “Mire como todos los candidatos lo apoyan. Toda Colombia lo apoya. Lo que le hacen es un bien”.